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“No se está inventando nada que no esté establecido; insisto, existen los elementos jurídicos, técnicos, legales, para actuar;el problema aquí es de voluntad, nada más que de voluntad”, dijo en un momento de su análisis.

Ubicó lo que pasa con la contaminación de fuentes de agua potable como una cadena de omisiones: el Estado se asocia a privados que contaminan y no ejerce controles ni impone límites; el Poder Judicial no interviene, y los jueces no hacen lo que deben hacer; y los ciudadanos no ejercen su ciudadanía y esperan que alguien les resuelva el problema.

“Uruguay está yendo por un camino opuesto al de las restricciones, las limitaciones, al derecho ambiental como un derecho de interés general por encima de intereses particulares”, aseguró.

DEJAMOS DE SER UN ESTADO
Viana mostró tanta seguridad en el orden que impuso a su razonamiento, como contundencia al expresarlo.

“Hemos dejado de ser un Estado soberano y hemos dejado de ser una República, por consecuencia, el principio de igualdad no se aplica, porque tenemos ciudadanos con determinados privilegios, o tenemos grandes empresas con determinados privilegios, en detrimento de la ciudadanía que queda en un estado de absoluta inseguridad e indefensión”, dijo después de repasar cada responsabilidad incumplida.

Agregó que después de años en defensa de lo que la Constitución y las leyes establece, llegó a una triste decisión: “Yo lo que únicamente pido es sinceridad, ya ni siquiera honestidad, ser sinceros”, dijo.

LA REALIDAD HOY
Viana ubicó que “la mayor parte de los cursos de agua del Uruguay, Río Uruguay, Río Negro, Río Santa Lucía, las lagunas, Laguna del Sauce, Laguna del Cisne que abastece de agua potable a la zona de Atlántida, La Floresta, y otras tantas, están sufriendo las consecuencias de lo que en algún momento se llamó con alguna expresión un poco rimbombante el cambio de la matriz productiva”.

“La naturaleza tiene una capacidad de resistencia sobre esas presiones y llega un momento que ya no da abasto”, ilustró.

Agregó que “las dos grandes presiones que se ejercen hoy sobre los cursos de agua en el mundo son: la agricultura, esta nueva agricultura, que es una agricultura masiva, intensiva y masiva, con grandes territorios con poca población, con poca mano de obra; y también las industrias”.

“En tercer lugar viene el consumo humano; entonces, nosotros estamos sufriendo lo que se está sufriendo en muchas partes del mundo, con esta característica, quizá especial, o que nos ha pretendido hacer distintos aunque no lo somos”, advirtió.

Recordó que “incorporamos a la Constitución, en el 2004, el acceso al agua potable como un derecho humano”.

Se interrogó: “¿Qué pasa cuando agredimos, dañamos, no proveemos o no somos capaces de tener ese derecho humano a nuestro acceso, a nuestra accesibilidad?”

“Bueno, existe la violación de un derecho humano y esa es la cuestión en la que nos encontramos hoy”, aseveró.

AGUA NO POTABLE
Viana avanzó: “Aquí, en Maldonado, se dice que el agua no es potable pero que se puede tomar (…); cuando iba a la escuela me decían que el agua potable es el equivalente al agua saludable”.

“Hoy parece que se nos están queriendo revertir esos términos, entonces, podemos tomar agua que no sea potable, y sin afectar, sin poner en riesgo nuestra salud”, enlazó.

Opinó que “tampoco confiamos o podemos llegar a confiar en los datos que OSE nos está brindando”, y “cuando se nos dice que no se está suministrando agua potable, se está violando un derecho humano”.

CHOCANTE
Viana expuso que “hoy yo leía un editorial del diario El País, que la verdad es que me resultó sumamente chocante y en total oposición a lo que en el mismo se dice”.

“Habla de que, bueno, no le podemos poner límites a quienes vuelcan residuos como ribereños sobre el Río Santa Lucía, porque eso supone hacerles perder sus derechos adquiridos”, repasó de memoria.

De inmediato recordó que “tenemos una disposición constitucional que habla del interés general y por lo tanto un interés por encima de los intereses particulares”.

“El Estado está obligado a imponer límites, y que los particulares en todo caso tendrán derecho a una indemnización, pero lo cierto es que esos límites hay que imponerlos”, sentenció.

Y reforzó: “Si el Estado se hace socio de quien contamina poco podemos esperar que establezca restricciones y limitaciones”.

“Hoy el editorial de El País está diciendo que en efecto quienes contaminan no quieren que se les ponga límites, y tienen una vinculación muy fuerte con el Estado, y provocan que el Estado no actúe como debe ser”, desnudó la lógica del editorialista.

JUSTICIA CIEGA
Viana derivó que ante esta realidad, con un Estado auto limitado a ejercer las obligaciones prioritarias que tiene con la ciudadanía, en un sistema Republicano se debería poder recurrir al Poder Judicial.

“Hoy lo reafirmo con todas las letras: en el Uruguay no existen sentencias firmes de protección del medio ambiente”, desafió inmediatamente a recordar que por decir esto mismo, en 2009 le abrieron un sumario que finalmente cerraron sin otras consecuencias. Implícitamente dijo que el Poder Judicial no ve lo que está pasando.

En función de este análisis, desembocó en que “lamentablemente no nos podemos quedar con los brazos cruzados, el ejercicio de la ciudadanía supone el ejercicio del reclamo, del reclamo frente a la autoridad”

“Los ciudadanos van a tener que empezar a darse cuenta que ser ciudadano no es esperar de brazos cruzados que el Estado responda”, reforzó.

Al final aclaró que ejercer ciudadanía no es golpear cacerolas en grupo, es ir a iniciar la acción administrativa, dando nombre y apellido y número de documento de identidad. Es salir del anonimato de que el Estado nos cuida, y de la protesta que oculta identidades, y empezar a ser ciudadanos que asumen también sus obligaciones.