La Dra. María Eloísa Rivero presentó, en representación de un grupo de ciudadanos del departamento , una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos para pedir amparo sobre la calidad del agua en el departamento, a la que consideran contaminada.
“Lo podemos resumir diciendo que el 16 de marzo sucedió algo, un evento, que los técnicos le llaman la floración algal, y dio lugar entonces a la reacción de la gente de Maldonado porque algunos casos aparecieron de personas que enfermaban al bañarse, por ejemplo”, dijo.
Agregó que “ahí surgió la inquietud y preguntas y un grupo de gente de Maldonado, entre ellas María Rivero, de hecho quiero aclarar que estoy acá como ciudadana no cómo técnico, como ciudadana preocupada por la salud del departamento de Maldonado”.
NOS HAN OCULTADO INFORMACIÓN
Rivero apuntó que “los motivos son que los ciudadanos de Maldonado consideramos que aquí nos han ocultado información, no nos han tratado el tema de fondo, que es un tema de salud pública, en todos los comunicados oficiales hablan de que (el agua corriente del departamento) no afecta la salud”.
“Nosotros nos reunimos y empezamos a investigar si efectivamente el agua distribuida afectaba o no a la salud, que es el tema de fondo, y si afecta a la salud es porque no es potable”, añadió.
Razonó que “si se reconoció por parte de OSE UGD en la Junta Departamental y en los comunicados de prensa que el agua no revestía las características de potabilidad que indica la norma, es que nos estaban distribuyendo agua no potable”.
“Y si el agua no es potable, sí afecta a la salud, ahora nos preguntamos también cuánto afecta a la salud, en qué afecta a la salud, por qué afecta a la salud”, continuó.
Afirmó que “ahí empezamos a investigar y a darnos cuenta (…) que sí, efectivamente, nos han mentido, nos han ocultado información, han manipulado información, han dicho que la (violación a la) norma no ha sido una falta grave porque esos compuestos, y le llaman compuestos, que tienen olor y sabor son inocuos; eso es una gran mentira”.
“Porque no son inocuos, porque a las cosas hay que llamarlas como corresponde, porque no son algas, ni son algas microscópicas, y se está ocultando a la población que estos compuestos son endotoxinas, y como toxinas que son afectan a la salud humana”, disparó.
IRRESPONSABLES
Rivero expuso que “con este documento de casi 300 fojas nos presentamos ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos porque la planta potabilizadora de OSE UGD pasó a la red y distribuyeron agua no potable con cianotoxinas, con bacterias”.
“El 9 de mayo OSE hizo públicos los resultados de los análisis de las muestras tomadas en varios puntos de distribución y tienen contaminación fecal, coniformes fecales, Escherichia coli, tróficos”, informó.
Desembocó en que “entonces, cómo nos van a decir que esa agua es potable, cómo nos van a decir…, lo más importante, cómo van a mentir que no afecta a la salud”.
“Esta es una irresponsabilidad muy grande de los organismos controladores, de Ursea y del ministerio de Salud Pública, que el 3 de abril emitió un comunicado de prensa manifestando que el agua era potable porque cumplía con los parámetros internacionales, y los parámetros lógicos en los que estaban, nacionales”, prosiguió.
Dijo que “es una gran mentira, porque no se ha cumplido con los parámetros, lo más importante es que termina cada comunicado diciendo: tranquila población, tomen agua tranquilamente, y nos inducen a tomar agua que sí afecta a la salud”.
“Como los comunicados terminan diciendo siempre no somos responsables, porque así es la lectura, Ursea es quién nos controla; entonces, fuimos a Ursea a ver quiénes son los responsables de controlar, y nos encontramos con que en Ursea hay un área de Fiscalización”, preparó.
Agregó que “el jefe del área Agua y Saneamiento es el ingeniero, Alvaro Capandeguy, por lo menos es lo que está, no sé si está actualizado o no, es lo que nosotros pudimos sacar de Internet”.
“Hoy la gerencia general tiene una gerencia de Fiscalización, el ingeniero Eduardo Touya, que es un ingeniero electricista, tiene como cometido, desde el 2008, es el gerente de fiscalización de Ursea, fiscaliza cumplimiento de normas relativas a seguridad, calidad, y precio de los servicios de energía y agua”, destapó.
Afirmó que “la atención primaria de la salud implica involucrar a los médicos, la atención primaria es la prevención de esto trabajando con la comunidad, enseñándole a la comunidad esto, controlando los servicios de agua potable, no por ingenieros electricistas sino por médicos que entienden de esto”.
“En el Uruguay está todo controlado por ingenieros electricistas y por esa gente”, deslizó con marcada sorna y remató: “Nosotros nos presentamos acá solicitando nos defiendan, en nuestra salud, en nuestra vida, en nuestra agua potable, porque son derechos humanos consagrados por la Constitución, la ley, y consagrados a nivel universal como derechos universales, por la Organización Mundial de la Salud”.