En este marco, denunció que inmobiliarias instaladas, “de porte”, de Montevideo, de Buenos Aires, y otras ciudades argentinas, intervienen sin la autorización del Ministerio de Turismo, imprescindible para operar en la zona. “Como si tuvieran permiso, sin ningún tipo de problema. El informalismo pasa por los informales y por los formales que también son informales”, acotó Borsari.
El dirigente también se refirió a la ley 18.494 que exige a los empresarios inmobiliarios el reporte de operaciones inusuales o sospechosas para prevenir el lavado de activos. “Una serie de responsabilidad que nosotros no rehuímos. Nos parece correcto que se nos exija que estemos vigilantes ante cualquier salida de los carriles normales en cualquier tipo de negocios”, consideró.
Sin embargo, ante esta “recarga” de obligaciones, a los inmobiliarios no se les otorga “un solo derecho”, protestó Borsari. Por ello, insistió una vez más con la necesidad de que se apruebe la ley del Corredor Inmobiliario. “Nosotros hace 20 años que estamos peleando por tener un marco legal de protección del sector inmobiliario formal, también al consumidor, al cliente, al comprador, al vendedor”, reclamó.