En uno de los casos, la abogada exigió a los familiares de un detenido por una causa menor la suma de US$ 200 y a otro unos $ 40.000 para “arreglar” a uno de los fiscales, una falsedad a la que apeló para hacerse del dinero, señala el matutino local.
En otro caso, la funcionaria obligó a un detenido a firmar un vale para documentar la deuda que contraía con ella para poder contar con sus servicios. En otro, la mujer llamaba por teléfono a un detenido para presionarlo y sacarle el dinero.