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La coordinadora del Sistema Nacional de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) e integrante del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), María Elena Mizrahi, en el marco de un seminario sobre violencia doméstica, organizado por la ONG “Por la integración”, se refirió a las nuevas políticas referentes a casos de maltrato y/o abuso de menores.

“El nuevo directorio se plantea una línea específica, dentro de los cinco ejes programáticos, y es que los niños vivan una vida familiar sin violencia. Esto implica plantear líneas de acción para que todos quienes trabajamos en la temática, lo hagamos con una misma lógica”, explicó Mizrahi.

“Lo que vemos cotidianamente es que muchos de los niños que ingresan a INAU o que tienen contacto con la institución tienen, además de otros derechos vulnerados, situaciones de violencia. Debemos abordarlas de forma integral, trabajando con la familia de esos niños y con la comunidad”, agregó.

En cuanto a las alternativas que se plantean para el niño que es víctima, él o su madre, de violencia doméstica, Mizrahi dijo que son los jueces quienes definen si hay una quita del hogar, o si debe pasar un tiempo alejado por la situación, en función de lo dispuesto en el Código de la Niñez.

Afirmó que lo que sí puede hacer un equipo de INAU en el territorio, que visualiza la existencia de una situación de violencia extrema, es hacer un informe al juez para que este tome medidas de protección.

La especialista informó que en 2014 se trabajó, a nivel de todo el país, con 1.728 situaciones de violencia. Más del 28 % de los ingresos a tiempo completo en Montevideo (que son los que se pueden reportar), es decir niños que pasan a vivir un tiempo en dependencias de INAU, son por situaciones de violencia.

“Es una cifra importante en sí misma y en la vida de los niños porque se entiende que los pequeños deben vivir en familias que los protejan, que les den afecto y pasar a vivir en una institución siempre tiene sus complejidades”, indicó Mizrahi, quien además explicó que en muchos casos los niños cambian su declaración para que no los alejen de su entorno. “Vivir en una institución siempre tiene que ser el último recurso”.

En este contexto dijo que entienden el accionar del Poder Judicial, dado que cuando el juez recibe una situación de violencia, por lo menos en los juzgados de urgencia, puede tener la presunción del delito (del abuso sexual porque es concretamente en este aspecto, y pasa a penal).

El problema es que, por lo general, cuando se logra detectar un caso de abuso intrafamiliar, ya pasó un tiempo, por lo tanto las pruebas no siempre están. Esto deriva en que, si no se encuentra un adulto protector referente dentro de la familia (que contaría con el apoyo de INAU), el juez opte por la protección de los niños y defina el ingreso de estos a una dependencia de INAU.

Ante este escenario, se viene trabajando con el Poder Judicial para ver cómo incluir el tema penal en el sistema de respuesta que deben dar todos, teniendo en cuenta, además, las nuevas necesidades que se generan en las leyes y pensando en la posibilidad de una ley integral.


Fuente: presidencia.gub.uy