La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) remitió a la Fiscalía General de la Nación una nota confidencial elaborada por la Junta Departamental de Maldonado, la cual menciona la venta de drogas dentro del establecimiento con la presunta complicidad de funcionarios de la unidad, algunos de los cuales se encuentran identificados en el documento.
Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Junta Departamental de Maldonado realizaron una visita a la cárcel Las Rosas en el mes de mayo, y tras evaluar los elementos recabados consideraron necesario dar intervención a las autoridades competentes en materia de derechos humanos y control carcelario.
Es así que remitieron documentos a la INDDHH y a la oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario, cuyo cargo fue asignado recientemente a Daniel Radío.
Al recibir el oficio, el directorio de la INDDHH procedió a elevarlo formalmente a la órbita de la Fiscalía. Desde la dirección del organismo precisaron a FM GENTE que el procedimiento consistió en una derivación institucional para poner los hechos en conocimiento de la Justicia, aclarando que no constituye una denuncia formal redactada por la propia institución.
Presunta venta de estupefacientes y muertes bajo custodia
De acuerdo con información publicada por el Semanario Brecha, el contenido del documento bajo reserva excede el análisis de las condiciones edilicias generales del centro de reclusión.
Fuentes vinculadas al caso señalaron que las actuaciones advierten expresamente sobre la venta de drogas dentro de la unidad que operaría con el conocimiento de funcionarios del establecimiento. El informe remitido a la Justicia incluye la identificación de algunos de los efectivos presuntamente involucrados.
Asimismo, el texto solicita formalmente la investigación judicial de dos fallecimientos calificados originalmente como "no violentos", ocurridos dentro del penal durante el presente año. La hipótesis planteada en el documento refiere a presuntas fallas o insuficiencias en la atención médica de patologías preexistentes de los internos fallecidos.
La presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, ratificó a la prensa que el expediente incorpora información sobre "situaciones concretas de vulneración de la integridad física" de personas privadas de libertad.
Discrepancias por la reserva del caso
Las declaraciones públicas de las autoridades de la INDDHH generaron disconformidad. El edil del Partido Nacional, Fabricio Rodríguez —quien impulsó la inspección inicial a la cárcel—, calificó las expresiones de Mota como de "imprudencia" en declaraciones a FM GENTE.
El curul enfatizó que la Comisión de Derechos Humanos había resuelto mantener las actuaciones bajo estricta reserva. “Se envió información en carácter de reservado por declaración de secreta las actuaciones por parte de la Comisión. Solamente eso puedo decir”, manifestó Rodríguez a esta emisora.
FM GENTE publicó a principios de mes que familiares de personas privadas de libertad denunciaron violencia y humillaciones hacia internos durante requisa en Las Rosas. A través del colectivo "Cárceles de Todo Uruguay", se denunció que los internos fueron obligados a permanecer en los patios en ropa interior bajo condiciones de temperaturas extremadamente bajas. Los testimonios reportaron el uso de gas pimienta y la existencia de lesiones físicas generalizadas compatibles con posibles fracturas óseas, situaciones que habrían dificultado la movilidad de algunos reclusos sin que se constatara el acceso inmediato a la asistencia médica correspondiente.
18 Jul 2026
16:20
