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Franco, cuando se le preguntó cuantas viviendas de interés social tenía la intendencia previsto construir este año, no dio una cifra exacta. Enumeró lo que está para ejecutar en cada una de las zonas del departamento, lo que totaliza más de 330 viviendas, sin contar 30 plateas que son preparación para que las personas edifiquen sus casas.

Dijo que se construirán 131 en Cañada Aparicio, 77 en Lomas del Charrúa, 20 en San Carlos, se está licitando de 30 plateas en Selva Negra donde la gente va a construir su casa, más las 56 en Pueblito Obrero, “y 50 o 60 viviendas en Urbanización al Este”, sostuvo.

“Sabemos que la demanda es mucha; estamos tratando de sincerarla”, dijo cuando se le consultó qué significaba este volumen de construcción para 2013 frente a las necesidades reales de la gente.

Franco, en lugar de dar una respuesta concreta, eligió señalar que para las 56 viviendas de Lotes y Servicios en Piriápolis se inscribieron 200 familias, lo que hace una proporción de cuatro veces más demanda que la oferta que sale al mercado.

Observó que la escasez de oferta de viviendas para los sectores de menores ingresos es un problema nacional, no sólo de Maldonado. “En Cerro Largo, para 62 viviendas se inscribieron 1.500 familias; es una necesidad que hay en todo el país”, aseguró.

FINAL DE OBRA

Acelerar el final de obra fue señalado por Franco como una prioridad para dar solución al problema de la vivienda social, pero omitió señalar que es parte del proyecto de la misma intendencia acelerar que las construcciones en proceso lleguen a ese punto administrativo.

El final de obra permite a la intendencia empezar a recaudar regularmente por contribución inmobiliaria, y otras tasas.

Explicó la forma como la intendencia está reconfigurando el sistema de construcción y gestión de obras para viviendas de interés social. Señaló que se está procurando que la intendencia no administre más las obras, sino que sean empresas privadas las que lo hagan.

Añadió que para ello se están licitando obras de construcción de viviendas, “para distribuir más el trabajo”, sostuvo.

Dijo que la Agencia Nacional de Vivienda se involucrará más en la construcción de viviendas de interés social mediante un mecanismo nuevo que le otorgó la rendición de cuentas.

Manifestó que la intendencia trabaja con Afisa, una oficina del Banco República encargada de administrar y recuperar capitales. Dijo que se procura que en el fideicomiso dos de vivienda, que abarcará la construcción de unas 200 casas o departamentos, se trabaje con Afisa “desde cero”.

“Hacemos un proyecto, lo presentamos a Afisa, se convoca a las empresas, y se hace una competencia para bajar los costos”, dijo.

PRECIOS INFLADOS

Admitió que con cada licitación los costos de obra le aumentan entre 30% y 40% a la intendencia. Dijo que lo hablaron con los empresarios y estos les dicen que como la intendencia demora en pagar sus compromisos, las empresas financian esa demora con los sobre costos que le imponen a las obras.

Franco aseguró que el sistema de construcción de viviendas por parte de la intendencia bajo el régimen de ayuda mutua “no funcionó”, y señaló que cuando se ve esos regímenes enteramente encarados por las personas sí funcionan. Puso el caso de Cañada Aparicio, donde “la gente cumple y va a hacerse su casa”, dijo.

Ironizó si era un problema de la gente o de los políticos que impide que el régimen funcione, pero de inmediato relativizó su propio comentario: “Tenemos un señor en el Kennedy, que iba caminando a cumplir con la construcción de su casa, y se caminó 385 kilómetros en total; no faltó un día, ni un solo día”, dijo.

Como consecuencia de la mala experiencia con la ayuda mutua, la intendencia está desde hace dos años terminando todo lo que construye con mano de obra contratada.

CERRO PELADO

Franco admitió que la situación en el asentamiento Cerro Pelado es muy compleja. Dijo que se puso a trabajar en la comuna una Unidad de Regularizaciones para terminar de regularizar lo que está pasando allí.

La estrategia es pasar a informar, casa por casa, que hay planes para que las personas que dejaron de pagar sus cuotas, o no las hayan pagado, regularicen su situación y no pierdan el techo. Dijo que son planes con cuotas de entre 1.000 y 2.000 pesos por mes que no es prohibitivo para nadie, y mencionó esta búsqueda de irregularidades como una ejecución de justicia con quienes se sacrificaron para estar al día con sus cuotas.

Señaló que la Unidad de Regularizaciones consiguió reducir del 80% a 43% o 47% los atrasos en el pago de cuotas. Dijo que esto hizo que la recaudación de la intendencia por este tipo de convenios se haya multiplicado por cuatro, de unos 125 mil pesos mensuales promedio en 2010, a 545 mil pesos mensuales a diciembre de 2012.

MERCADO NEGRO

Franco hizo mención a las irregularidades que se enfrentan en Cerro Pelado. Mencionó la venta irregular de viviendas. Dijo que en esta oferta de regularizaciones que se está realizando, en muchas casas se encuentran que las están ocupando familias que no son las titulares.

Advirtió que era una cuestión de sentido común, porque hay casas que son vendidas en 4.000 o 5.000 dólares en total, y que cualquier persona debería desconfiar por ese precio por una vivienda de cualquier tipo en Maldonado.

En el otro extremo del problema, dijo que hay familias que compraron a los titulares hace 10 o 12 años, y han pagado con regularidad sus cuotas. Aseguró que se está tratando de contemplar cada situación, caso por caso, tratando de despejar quienes realmente caen en el asentamiento porque no tienen otras opciones, y quienes lo hacen, pero se puede probar que tienen buenos sueldos, autos, y otros bienes que no justifican que sea un habitante de ese lugar.
ZL

Entrevista: Fabián Sánchez