El departamento de Convivencia Ciudadana, creado en la actual administración de Miguel Abella, tendrá a su cargo un ambicioso plan: “Actuar en el pre egreso de reclusos para que puedan volver a su lugar de origen e incidiendo para que puedan reinsertarse en esos lugares con la contención familiar y social necesaria”, dijo a FM GENTE la directora del nuevo departamento, Adriana Graziuso.
Si bien ya existen planes de estas características a nivel nacional y liderados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), esta es la primera vez que un gobierno departamental intentará llevar a cabo un plan de reinserción social y laboral con reclusos que están próximos a egresar de la cárcel Las Rosas. La iniciativa partió del senador Rodrigo Blás tras una reunión con el intendente Miguel Abella en el pasado mes de abril, cuya propuesta es más amplia en este aspecto, abordando también la reinserción y el uso del espacio público.
“Va a ser un arduo trabajo, es la primera vez que lo hace una Intendencia. Es innovador y nos va a llevar mucho tiempo y dinero”, enfatizó Graziuso este miércoles en la Página Central de la Revista.
El plan piloto prevé comenzar a implementarse antes de fin de año. La jerarca señaló que no implicará únicamente brindar oportunidades laborales sino también incluirá realizar estudios psicológicos, psiquiátricos y sociales, además de llevar a cabo análisis sistemáticos de los resultados.
La directora señaló que el plan piloto prevé casi un millón de pesos anuales para brindarles pasajes de ómnibus a los liberados que sean oriundos de otros departamentos y así pueden regresar a sus departamentos de origen. “Es una forma de poder intervenir en esta problemática porque si no intervenimos esto cada vez va a ser peor”, señaló.
“Hay un promedio de tres reclusos por día que egresan de Las Rosas, es un goteo constante. Muchos de ellos van a engrosar la situación de calle”, añadió.
Graziuso también manifestó que “las soluciones tienen que ser drásticas”. “No vamos a seguir soportando ocupaciones de espacios públicos. Hemos elaborado un protocolo con las normas claras. Van los inspectores, intiman a que desalojen el espacio público, no lo hace se tiene que dar cuenta al Mides y resuelve el juez. Si no lo hace, la persona puede ser acreedor de una pena por el juez de faltas que es de trabajo comunitario de 7 a 30 días. Queremos que se llegue a las últimas consecuencias como está previsto en el Código Penal”, apuntó.
Si bien ya existen planes de estas características a nivel nacional y liderados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), esta es la primera vez que un gobierno departamental intentará llevar a cabo un plan de reinserción social y laboral con reclusos que están próximos a egresar de la cárcel Las Rosas. La iniciativa partió del senador Rodrigo Blás tras una reunión con el intendente Miguel Abella en el pasado mes de abril, cuya propuesta es más amplia en este aspecto, abordando también la reinserción y el uso del espacio público.
“Va a ser un arduo trabajo, es la primera vez que lo hace una Intendencia. Es innovador y nos va a llevar mucho tiempo y dinero”, enfatizó Graziuso este miércoles en la Página Central de la Revista.
El plan piloto prevé comenzar a implementarse antes de fin de año. La jerarca señaló que no implicará únicamente brindar oportunidades laborales sino también incluirá realizar estudios psicológicos, psiquiátricos y sociales, además de llevar a cabo análisis sistemáticos de los resultados.
La directora señaló que el plan piloto prevé casi un millón de pesos anuales para brindarles pasajes de ómnibus a los liberados que sean oriundos de otros departamentos y así pueden regresar a sus departamentos de origen. “Es una forma de poder intervenir en esta problemática porque si no intervenimos esto cada vez va a ser peor”, señaló.
“Hay un promedio de tres reclusos por día que egresan de Las Rosas, es un goteo constante. Muchos de ellos van a engrosar la situación de calle”, añadió.
Graziuso también manifestó que “las soluciones tienen que ser drásticas”. “No vamos a seguir soportando ocupaciones de espacios públicos. Hemos elaborado un protocolo con las normas claras. Van los inspectores, intiman a que desalojen el espacio público, no lo hace se tiene que dar cuenta al Mides y resuelve el juez. Si no lo hace, la persona puede ser acreedor de una pena por el juez de faltas que es de trabajo comunitario de 7 a 30 días. Queremos que se llegue a las últimas consecuencias como está previsto en el Código Penal”, apuntó.
