La resolución del Ministerio de Ambiente estableció una multa de 3.000 unidades reajustables (UR) y una adicional por 6.000 UR, porque los 12 tajamares están sin regularizar y captan agua pública en el predio del “Gran Chaparral”, la residencia del argentino, quien cumple prisión domiciliaria por delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas. Su esposa, Paola Fiege, cumple la condena por asistencia al lavado.
Tras un informe de la Dirección Nacional de Aguas, se constató que no hay autorización del uso de aguas públicas, por lo que se incumple la normativa vigente. A esto se agrega la multa adicional, por no haber regularizado la situación en un plazo de 60 días, lo que lleva a la sanción a 9.000 unidades reajustables, equivalente, a la fecha, a unos 13 millones de pesos uruguayos.
La resolución da diez días de plazo para el pago; en caso de incumplimiento el Ministerio advierte que iniciará acciones judiciales para hacer efectivo el cobro.
Además de la causa judicial abierta en Uruguay, sobre el empresario pesa un pedido de extradición hacia Argentina, donde es investigado por otros delitos. A su vez Balcedo denunció al Estado uruguayo por 22 millones de dólares por la caída de una operación por un avión, que fue retenido por orden judicial en enero de 2018 y devuelto a la empresa propietaria al año siguiente, publicó Subrayado esta semana que termina.
Tras un informe de la Dirección Nacional de Aguas, se constató que no hay autorización del uso de aguas públicas, por lo que se incumple la normativa vigente. A esto se agrega la multa adicional, por no haber regularizado la situación en un plazo de 60 días, lo que lleva a la sanción a 9.000 unidades reajustables, equivalente, a la fecha, a unos 13 millones de pesos uruguayos.
La resolución da diez días de plazo para el pago; en caso de incumplimiento el Ministerio advierte que iniciará acciones judiciales para hacer efectivo el cobro.
Además de la causa judicial abierta en Uruguay, sobre el empresario pesa un pedido de extradición hacia Argentina, donde es investigado por otros delitos. A su vez Balcedo denunció al Estado uruguayo por 22 millones de dólares por la caída de una operación por un avión, que fue retenido por orden judicial en enero de 2018 y devuelto a la empresa propietaria al año siguiente, publicó Subrayado esta semana que termina.
