El Frente Amplio entiende que hay “un uso ilegal e inconstitucional de las autorizaciones vigentes de la Junta Departamental”; que el Tribunal de Cuentas de la República hizo saber que la intendencia “no debería” tomar nuevos riesgos porque ya hay incumplimientos con acuerdos hechos.
La coalición apuntó que no se trata del préstamo de la línea para funcionamiento sino de una herramienta para “licuar” las deudas existentes con compromisos contraídos.
También señaló que existe ahora una deuda proyectada por la propia intendencia de $ 3 mil 600 millones de pesos a los que hay que sumar los hasta U$S 4,5 millones del Fondo Coronavirus y que no es comparable con lo habilitado para intendentes frenteamplistas, porque no tenían incumplimientos con dinero pedido.