El siniestro ocurrió el 15 de noviembre de 2014 en la intersección de las calles Cisnes y Albatros. En ese lugar, la demandante circulaba en moto cuando cayó de en un pozo que carecía de señalización.
Durante el proceso judicial, se constató que la apertura del pavimento había sido efectuada por una empresa privada subcontratada por OSE. A pesar de los argumentos de la comuna, el tribunal desestimó que esto eximiera de culpa al gobierno local y ratificó la obligación del gobierno departamental de velar por la seguridad de las calles bajo su jurisdicción.
La sentencia judicial fundamenta que la Intendencia de Maldonado mantiene de forma permanente el deber de policía, vigilancia y fiscalización sobre las calzadas y veredas de todo el departamento. Según el dictamen, el municipio falló en su rol de controlar que las obras de terceros cumplan con los estándares de seguridad exigidos, generando un riesgo inaceptable para los ciudadanos.
La mujer sufrió fractura compleja de miembro inferior izquierdo, fue operada dos veces con colocación de fijadores, tornillos y placas, y permaneció largo tiempo en silla de ruedas.