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Alejandro Lussich afirmó que hay deudas vencidas al 8 de julio de 2014, por ejemplo con Mevir, y del año 2013 con la Agencia Nacional de Vivienda.

En esta semana llevarán a la comisión de presupuesto de la junta, que se encuentra analizando la solicitud del ejecutivo para constituir un fideicomiso, toda la documentación probatoria de la deuda existente en materia de vivienda.

De esta forma dijo Lussich debería “quedar zanjada la mala memoria de quien redactó esa nota de la Mesa Política del Frente Amplio”.

En este sentido el jerarca invitó a los integrantes de la mesa política, y en especial al diputado De Los Santos, a acompañarlo a cada uno de los organismos y reclamar porque si no hay saldos pendientes entonces “nos quieren cobrar de nuevo”.

Expresó que "la persistencia de estos organismos en cobrar es importante".

Adelantó que en los próximos días mantendrán una reunión con el Ministerio de Vivienda para plantear el pago de los adeudos y futuros planes y convenios que se puedan firmar para el próximo quinquenio.

Planteó que hasta el día de hoy están suspendidos todos los pagos, no se pudo pagar a Mevir, a la Agencia Nacional de Vivienda, ni tampoco a un grupos de trabajadores que estaban a través de un gremio contratados para un programa de construcción de vivienda por administración directa de la Intendencia, que reclaman liquidaciones de viáticos, así como tampoco los gastos mensuales que genera la administración del fideicomiso de AFISA.

"Esperábamos una aprobación rápida del fideicomiso" dijo, en tanto la otra opción es aguardar a que esté aprobado el próximo presupuesto quinquenal.

"Los organismos nacionales están a la espera de que la Intendencia les plantee un plan de pagos y esto depende de las posibilidades financieras que tengamos" explicó y agregó que los acreedores de esas deudas fueron puestos en conocimiento sobre el pedido de fideicomiso que está a estudio de la Junta.

Por otra parte, consultado acerca del fondo de 130 millones de pesos conformado por lo recaudado por impuesto al retorno por mayor valor, Lussich explicó que si bien esos recursos existen, están en el fondo de gestión territorial y no son de libre disposición.

Agregó que el cometido de este dinero es adquirir tierras para planes de vivienda social y para disponer de estos recursos deben tener la aprobación de una comisión que integra el ejecutivo y miembros de los tres partidos políticos representados en la Junta departamental.

“Los recursos no están a disposición del ejecutivo para cualquier imprevisto o para cualquier plan social que un particular o un grupo de personas se les ocurra en el momento” afirmó.