La directora general de Asuntos Legales de la Intendencia, admitió en FM Gente que el Estado incurrió en una omisión por no haber arreglado la vereda. Añadió que, normalmente, cuando alguien demanda por este tipo de incidentes se analizan todos los aspectos y se reconoce y se busca un acuerdo económico antes de llegar a la vía judicial.
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Pero en este caso la damnificada reclamaba 40.000 dólares, por lo cual la IDM resolvió ir a juicio. Salazar recordó que una primera instancia había sido favorable a la Intendencia y que, aunque en la segunda favoreció a la demandante, se logró abatir el reclamo hasta los 6.000 dólares.
Explicó que no es raro que ocurran demandas de este tipo, sobre todo cuando se accidentan motonetistas en algún pozo debido a la mala señalización de una obra, por ejemplo. Lo cual –aclaró- cada vez sucede menos.
“No son demandas extrañas. Cuando vemos que la persona tiene razón tratamos de resolverlo sin necesidad de llegar al proceso judicial. Se analiza el parte policial, se constata que algo estaba en reparación o mal señalizado. Acá ocurrió que no se llegó a un arreglo porque pedían 40.000 dólares y no era razonable”, precisó.