El caso comenzó el 12 de marzo, cuando una mujer de 29 años llamó al Servicio de Emergencias 9-1-1 por un problema familiar entre hermanos. La Policía concurrió al lugar, entrevistó a la mujer y trasladó al hombre señalado como agresor a una dependencia especializada en violencia doméstica y de género.
A partir de la denuncia, la Justicia dispuso que el hombre no podía comunicarse ni acercarse a la mujer a menos de 500 metros durante 180 días. También ordenó su retiro del domicilio, con las garantías necesarias para que pudiera ingresar a retirar sus pertenencias.
Posteriormente, el hombre incumplió las medidas de prohibición de acercamiento, por lo que se dispuso que tanto él como la víctima ingresaran a un sistema de monitoreo electrónico, con la colocación de dispositivos de rastreo.
A pesar de esta medida, el hombre continuó incumpliendo las disposiciones y consiguió quitarse o romper la tobillera en tres oportunidades.
El 12 de setiembre, sobre las 14:30, el sistema de monitoreo electrónico emitió una alerta al Servicio de Emergencias 9-1-1 porque el hombre se había alejado del dispositivo.
De inmediato, se dispuso la custodia policial de la víctima mientras otros efectivos fueron hasta la última ubicación registrada del hombre, sobre la calle Héctor Gutiérrez Ruiz, en Maldonado.
En el lugar encontraron el dispositivo de monitoreo escondido dentro de un contador.
Al día siguiente, durante la mañana, policías recorrían la calle Tammaro cuando localizaron al hombre y procedieron a detenerlo.
La Fiscalía fue informada y dispuso que el detenido fuera llevado ante la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.
El 14 de setiembre se realizó la audiencia en el Juzgado Letrado de San Carlos de primer turno. Fue condenado a 13 meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Además, deberá pagar una multa de 20 unidades reajustables, junto con las demás obligaciones legales correspondientes.