Una vez transcurrido el plazo máximo de entrega de los papeles, los inspectores asisten al lugar para cobrar la multa de 10 U.R. (aproximadamente 6.000 pesos) y de no pagarse, se clausura el lugar.
Melo defendió la aplicación de las normas pero reclamó un criterio diferente en cuanto a los plazos que se otorga para poner la documentación en regla.
En ese sentido, estimó que se trata de una operación rastrillo que no toma en cuenta el aspecto económico del pequeño local y recauda perjudicando al comercio minorista.