La página web de la Intendencia publicó recientemente su posición sobre la denuncia penal por la demolición de cuatro viviendas en el balneario Punta Colorada vea la nota anterior. Señalan que el “gobierno de Maldonado tiene la autorización ambiental previa desde setiembre de 2022 para demoler, instancia a la que se llega luego de medidas dilatorias por parte de privados que se resisten a dejar un espacio público que fue confirmado por la justicia en primera y segunda instancia”.
“Claramente no existe abuso de funciones porque se trata de un litigio que la Intendencia de Maldonado ganó con varias sentencias judiciales que dicen que esa tierra es pública y no privada”, resaltan.
“La última fue ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y si bien aún no hay una resolución, el procurador del tribunal informó que son tierras públicas y por tanto se puede proceder a la demolición”, agregan.
Desde la Administración sostienen que el objetivo “es recuperar un espacio público para toda la comunidad”. También agregaron que los denunciantes no han podido demostrar que son los propietarios ante el Poder Judicial.
“Vale resaltar que en 2021 iniciaron una acción de amparo contra esta misma demolición donde la Justicia no les dio la razón y volvió expedirse sobre la propiedad pública del inmueble”, señalan en la publicación.
Y agregan que “se ha hecho un abuso de las vías procesales y se ha utilizado un inmueble en forma abusiva para provecho privado, siendo un espacio público, sacando un rédito económico, personal e ilegítimo”.
En rueda de prensa este martes en Montevideo, Antía dijo que "en primera instancia ya se demolieron como 25 boteras que alquilaban para barcos, cuando vamos a demoler las casas aparecen estas trabas", y asimismo apuntó que los abogados "están todos queriendo cobrar sus pesitos".
Foto: Intendencia de Maldonado
“Claramente no existe abuso de funciones porque se trata de un litigio que la Intendencia de Maldonado ganó con varias sentencias judiciales que dicen que esa tierra es pública y no privada”, resaltan.
“La última fue ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y si bien aún no hay una resolución, el procurador del tribunal informó que son tierras públicas y por tanto se puede proceder a la demolición”, agregan.
Desde la Administración sostienen que el objetivo “es recuperar un espacio público para toda la comunidad”. También agregaron que los denunciantes no han podido demostrar que son los propietarios ante el Poder Judicial.
“Vale resaltar que en 2021 iniciaron una acción de amparo contra esta misma demolición donde la Justicia no les dio la razón y volvió expedirse sobre la propiedad pública del inmueble”, señalan en la publicación.
Y agregan que “se ha hecho un abuso de las vías procesales y se ha utilizado un inmueble en forma abusiva para provecho privado, siendo un espacio público, sacando un rédito económico, personal e ilegítimo”.
En rueda de prensa este martes en Montevideo, Antía dijo que "en primera instancia ya se demolieron como 25 boteras que alquilaban para barcos, cuando vamos a demoler las casas aparecen estas trabas", y asimismo apuntó que los abogados "están todos queriendo cobrar sus pesitos".
Foto: Intendencia de Maldonado
