Con los votos de la bancada oficialista, el quórum se logró bajar de 21 a 16 votos, aunque ahora se espera por la postura del Partido Nacional que anunció que impugnaría la votación.
El edil Guillermo Moroy señaló a FM Gente que existe una “posibilidad de presentar un recurso ante el Parlamento contra este expediente” que modificó el quórum. Señaló, no obstante, que el tema todavía no se trató en la bancada, por lo que esa acción no representa la posición del Partido Nacional sino de algunos ediles.
Por su parte, el edil del Frente Amplio Ruben Toledo, acreditó la falta de apoyo a las modificaciones a internas partidarias. Indicó, en ese sentido, que la población y los ediles de la bancada oficialistas son rehenes de las diferencias internas del Partido Nacional y si en abril de 2010 no se aprueban los cambios, ese grupo tendrá que dar las explicaciones correspondientes.
GRAVES ACUSACIONES
Al momento de aprobar las modificaciones en las zonas Lobos y Roosevelt, el edil suplente Fernando Arbiza solicitó la votación nominal. Varios curules aprovecharon su fundamentación de voto para exponer su postura sobre el tema. En varias oportunidades, ediles de los dos partidos hicieron referencia a que existían cangrejos debajo de las piedras, en alusión a posibles intereses escondidos en el tratamiento de la normativa.
Arbiza tomó la palabra en varias oportunidades para deslizar suspicacias sobre la forma en que se trató el cambio de normativa y exigió que se resuelva después de las elecciones. Finalmente, indicó que muchos ediles ponderaban intereses particulares por sobre los generales y se retiró de sala.
En tanto, desde el Frente Amplio, los ediles Marilyn Moreira, Víctor Hugo Castro y Ruben Toledo, afirmaron que en los pasillos del legislativo comunal un edil nacionalista, que se desempeña en el rubro inmobiliario, condicionó su voto para aprobar los cambios en Lobos y Roosevelt a que también se implementen las modificaciones en la zona de Playa Mansa.
Varios ediles del Frente Amplio apoyaron su postura en la medida de retorno por mayor valor, que permitirá a las sucesivas administraciones municipales generar ingresos de los grandes emprendimientos inmobiliarios para destinarlos a vivienda de interés social.
El edil Guillermo Moroy señaló a FM Gente que existe una “posibilidad de presentar un recurso ante el Parlamento contra este expediente” que modificó el quórum. Señaló, no obstante, que el tema todavía no se trató en la bancada, por lo que esa acción no representa la posición del Partido Nacional sino de algunos ediles.
Por su parte, el edil del Frente Amplio Ruben Toledo, acreditó la falta de apoyo a las modificaciones a internas partidarias. Indicó, en ese sentido, que la población y los ediles de la bancada oficialistas son rehenes de las diferencias internas del Partido Nacional y si en abril de 2010 no se aprueban los cambios, ese grupo tendrá que dar las explicaciones correspondientes.
GRAVES ACUSACIONES
Al momento de aprobar las modificaciones en las zonas Lobos y Roosevelt, el edil suplente Fernando Arbiza solicitó la votación nominal. Varios curules aprovecharon su fundamentación de voto para exponer su postura sobre el tema. En varias oportunidades, ediles de los dos partidos hicieron referencia a que existían cangrejos debajo de las piedras, en alusión a posibles intereses escondidos en el tratamiento de la normativa.
Arbiza tomó la palabra en varias oportunidades para deslizar suspicacias sobre la forma en que se trató el cambio de normativa y exigió que se resuelva después de las elecciones. Finalmente, indicó que muchos ediles ponderaban intereses particulares por sobre los generales y se retiró de sala.
En tanto, desde el Frente Amplio, los ediles Marilyn Moreira, Víctor Hugo Castro y Ruben Toledo, afirmaron que en los pasillos del legislativo comunal un edil nacionalista, que se desempeña en el rubro inmobiliario, condicionó su voto para aprobar los cambios en Lobos y Roosevelt a que también se implementen las modificaciones en la zona de Playa Mansa.
Varios ediles del Frente Amplio apoyaron su postura en la medida de retorno por mayor valor, que permitirá a las sucesivas administraciones municipales generar ingresos de los grandes emprendimientos inmobiliarios para destinarlos a vivienda de interés social.
