La presidenta del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero, manifestó su rechazo a la decisión judicial de trasladar a tres adolescentes a dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), luego de que fueran investigadas por agredir a la dirigente nacionalista Valeria Ripoll y a su hija.
Las adolescentes fueron formalizadas por dos delitos de lesiones personales y uno de violencia privada. La Justicia dispuso como medida cautelar su internación en el Inisa durante 30 días, al considerar que existían riesgos para las víctimas y para el desarrollo de la investigación.
Tras conocerse la resolución, Romero y el vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, difundieron un comunicado en el que expresaron su desacuerdo con la medida. Los jerarcas señalaron que la privación de libertad de menores de edad debe aplicarse únicamente como último recurso.
En el documento también reconocieron que el sistema de protección especial atraviesa dificultades estructurales que afectan a niños y adolescentes que han vivido situaciones de vulnerabilidad. Indicaron que el organismo trabaja en cambios para mejorar su funcionamiento, aunque admitieron que esas transformaciones requieren tiempo.
Si bien calificaron la violencia como un hecho injustificable, consideraron que eso no habilita la exposición pública ni el ensañamiento contra las adolescentes.
Las autoridades del INAU pidieron que el caso sea abordado con responsabilidad institucional y que se priorice la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Las adolescentes fueron formalizadas por dos delitos de lesiones personales y uno de violencia privada. La Justicia dispuso como medida cautelar su internación en el Inisa durante 30 días, al considerar que existían riesgos para las víctimas y para el desarrollo de la investigación.
Tras conocerse la resolución, Romero y el vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, difundieron un comunicado en el que expresaron su desacuerdo con la medida. Los jerarcas señalaron que la privación de libertad de menores de edad debe aplicarse únicamente como último recurso.
En el documento también reconocieron que el sistema de protección especial atraviesa dificultades estructurales que afectan a niños y adolescentes que han vivido situaciones de vulnerabilidad. Indicaron que el organismo trabaja en cambios para mejorar su funcionamiento, aunque admitieron que esas transformaciones requieren tiempo.
Si bien calificaron la violencia como un hecho injustificable, consideraron que eso no habilita la exposición pública ni el ensañamiento contra las adolescentes.
Las autoridades del INAU pidieron que el caso sea abordado con responsabilidad institucional y que se priorice la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Firma editorial:
Redacción FM GENTE
