“A los planteos que cada vecino hace a la posibilidad de pagos se le cierran todos los caminos. Hay que pagar el colgamento. Si debe más de dos mensualidades las tiene que pagar todas juntas. Se le obliga a hacer un reconvenio donde se exigen ingresos de hasta de $ 60 mil por mes a la familia”, especificó Clavijo. Y añadió que también "se traba" la posibilidad del traspaso, ya que el comprador debe pagar al contado la deuda, además de pagar a quien le vende el inmueble.
Según consideró, los deudores afectados por esta problemática están “en una situación super difícil” y ya se ha notificado que la próxima semana llegarán escribanos a hacer la notificación para preparar desalojos. “En una etapa en que el tema de la vivienda está en el Presupuesto Nacional, todos estamos de acuerdo en solucionar la vivienda a los que están asentados. Pero es acá la clase media más baja la que está golpeada terriblemente”, afirmó.
Entre otras propuestas para evitar los desalojos, los deudores plantean la creación de un crédito inmobiliario en pesos. A partir de una retasación del inmueble y descontando lo ya abonado, los vecinos piden una tasa de interés que cubra el encaje bancario y una cuota reajustable, en función de índices y plazos a determinar.
Para intercambiar opciones y encontrar soluciones es que pidieron, por carta, la audiencia al presidente del Banco Hipotecario. Además, una copia de llegará al presidente José Mujica y al Área de Derechos del Consumidor del Ministerio de Economía.
(foto: La República)