La Intendencia de Maldonado autorizó al empresario Sergio Grosskopf a utilizar como obrador un tramo de aproximadamente 100 metros de la calle pública Manuel Gutiérrez Varona, ubicada en la parada 17 de Playa Mansa, la que pasa frente a la construcción de una nueva torre del complejo Fendi Château Residences.
Por esa ocupación, el desarrollador inmobiliario abonó la suma de 1.438.837 pesos (unos 35.000 dólares), correspondiente a un período aproximado de 40 meses, durante el cual podrá destinar el espacio a las necesidades de la obra.
El tramo afectado se encuentra entre la rambla Claudio Williman y la avenida del Cabildo, y permanece cerrado a la circulación de vehículos desde abril de este año.
Según explicó la Intendencia a FM GENTE, la autorización está contemplada en la normativa departamental de construcción, que permite acordar con particulares la utilización temporal de determinados espacios públicos como obradores, mediante el pago de una contraprestación económica.
De esta manera, la administración sostiene que la ocupación cuenta con respaldo administrativo y que el cierre responde a una autorización otorgada para el desarrollo del emprendimiento.
SE CIERRA UNA CALLE Y SE ABRE OTRA
La situación tiene su origen en una operación inmobiliaria aprobada por la Junta Departamental de Maldonado en 2017. En aquel momento se autorizó la desafectación del dominio público de un tramo de la calle Manuel Gutiérrez Varona, con el objetivo de ampliar el terreno destinado al desarrollo de las torres Fendi Château.
La operación contempló la permuta de ese espacio por otro terreno de propiedad particular junto al edificio Samambaia, donde se construyó la nueva calle pública. Además, debido a la diferencia de superficies involucradas, se estableció una compensación económica de 707.000 dólares a favor de la Intendencia de Maldonado.
Según los antecedentes de la operación, la nueva calle fue habilitada para el uso público y el tramo original pasó a integrar el patrimonio privado.
Se trata, por lo tanto, de dos operaciones diferentes: la permuta de terrenos autorizada en 2017, con una compensación de 707.000 dólares, y la autorización temporal para utilizar como obrador un tramo de calle pública, por aproximadamente 35.000 dólares.
PEDIDO DE INFORMES
El tema tomó estado público a partir de cuestionamientos de vecinos por el cierre a la circulación de la mencionada vía que denunciaron tiempo atrás en FM GENTE. Posteriormente ante la situación, el edil colorado Eduardo Elinger formuló un pedido de informes el pasado martes en la sesión de la Junta Departamental.
El legislador departamental solicitó explicaciones sobre la situación de la nueva calle construida junto al edificio Samambaia, que, según constató, se encontraba cerrada al tránsito y ocupada por elementos vinculados a las obras.
Elinger pidió conocer si la vía estaba formalmente incorporada al dominio público, si existía autorización municipal para restringir la circulación y cuáles eran los fundamentos, condiciones y plazos de esa eventual habilitación.
También planteó la necesidad de determinar si se habían cumplido las obligaciones establecidas por la Junta Departamental cuando aprobó la operación inmobiliaria de 2017.
La información proporcionada por la Intendencia aclara el fundamento administrativo de la ocupación, aunque el pedido de informes de Elinger permitirá conocer formalmente los actos administrativos y las condiciones específicas de la autorización, además, si en la oportunidad anterior se cumplió con el pago respectivo del monto acordado entre la intendencia y el empresario Sergio Grosskopf.
Por esa ocupación, el desarrollador inmobiliario abonó la suma de 1.438.837 pesos (unos 35.000 dólares), correspondiente a un período aproximado de 40 meses, durante el cual podrá destinar el espacio a las necesidades de la obra.
El tramo afectado se encuentra entre la rambla Claudio Williman y la avenida del Cabildo, y permanece cerrado a la circulación de vehículos desde abril de este año.
Según explicó la Intendencia a FM GENTE, la autorización está contemplada en la normativa departamental de construcción, que permite acordar con particulares la utilización temporal de determinados espacios públicos como obradores, mediante el pago de una contraprestación económica.
De esta manera, la administración sostiene que la ocupación cuenta con respaldo administrativo y que el cierre responde a una autorización otorgada para el desarrollo del emprendimiento.
SE CIERRA UNA CALLE Y SE ABRE OTRA
La situación tiene su origen en una operación inmobiliaria aprobada por la Junta Departamental de Maldonado en 2017. En aquel momento se autorizó la desafectación del dominio público de un tramo de la calle Manuel Gutiérrez Varona, con el objetivo de ampliar el terreno destinado al desarrollo de las torres Fendi Château.
La operación contempló la permuta de ese espacio por otro terreno de propiedad particular junto al edificio Samambaia, donde se construyó la nueva calle pública. Además, debido a la diferencia de superficies involucradas, se estableció una compensación económica de 707.000 dólares a favor de la Intendencia de Maldonado.
Según los antecedentes de la operación, la nueva calle fue habilitada para el uso público y el tramo original pasó a integrar el patrimonio privado.
Se trata, por lo tanto, de dos operaciones diferentes: la permuta de terrenos autorizada en 2017, con una compensación de 707.000 dólares, y la autorización temporal para utilizar como obrador un tramo de calle pública, por aproximadamente 35.000 dólares.
PEDIDO DE INFORMES
El tema tomó estado público a partir de cuestionamientos de vecinos por el cierre a la circulación de la mencionada vía que denunciaron tiempo atrás en FM GENTE. Posteriormente ante la situación, el edil colorado Eduardo Elinger formuló un pedido de informes el pasado martes en la sesión de la Junta Departamental.
El legislador departamental solicitó explicaciones sobre la situación de la nueva calle construida junto al edificio Samambaia, que, según constató, se encontraba cerrada al tránsito y ocupada por elementos vinculados a las obras.
Elinger pidió conocer si la vía estaba formalmente incorporada al dominio público, si existía autorización municipal para restringir la circulación y cuáles eran los fundamentos, condiciones y plazos de esa eventual habilitación.
También planteó la necesidad de determinar si se habían cumplido las obligaciones establecidas por la Junta Departamental cuando aprobó la operación inmobiliaria de 2017.
La información proporcionada por la Intendencia aclara el fundamento administrativo de la ocupación, aunque el pedido de informes de Elinger permitirá conocer formalmente los actos administrativos y las condiciones específicas de la autorización, además, si en la oportunidad anterior se cumplió con el pago respectivo del monto acordado entre la intendencia y el empresario Sergio Grosskopf.
Firma editorial:
Redacción FM GENTE
