Correa argumentó que las adjudicaciones fueron realizadas hace 20 años, periodo en el cual sucedieron distintas circunstancias propias del paso del tiempo como por ejemplo sucesiones y disoluciones conyugales, lo que a juicio del edil genera derechos por ser bienes de familia.
El legislador sostuvo que el decreto vigente sobre la regularización del barrio, deja expresamente afuera del tratamiento a la Junta Departamental. Correa agregó que el ejecutivo “se niega o demora en reconocer” derechos de los actuales ocupantes.
El legislador sostuvo que el decreto vigente sobre la regularización del barrio, deja expresamente afuera del tratamiento a la Junta Departamental. Correa agregó que el ejecutivo “se niega o demora en reconocer” derechos de los actuales ocupantes.
