José “Pepe” Pereyra volvió a hablar en la Contratapa de la Revista de FM GENTE sobre el caso de una mujer de 65 años de Maldonado que dejó una vivienda del Banco de Previsión Social y posteriormente terminó en un refugio de Montevideo.
El caso había generado una respuesta del BPS, que negó que la mujer hubiera sido desalojada por el organismo.
La respuesta fue directa: “No sé de dónde sacó el BPS que no hay gente desalojada”.
Durante la entrevista, explicó que tenía en su poder un correo electrónico enviado desde el BPS el miércoles 17 de junio de 2026, a las 18:09.
El mensaje informaba sobre “el total de personas que han sido desalojadas de las viviendas del BPS en el periodo comprendido entre 2021 y 2026 inclusive”.
Explicó que el informe diferenciaba entre las personas que mantenían el derecho a utilizar las viviendas y aquellas que “no tenían derecho al momento de la recuperación”.
También hizo referencia a un apartado denominado “Viviendas recuperadas por juicio de desalojo, periodo de enero 2021 a mayo 2026”.
“Ahí están las viviendas recuperadas por juicio de desalojo”, explicó.
Entre los casos que mencionó aparece una vivienda ubicada en el complejo Santiago Vázquez, en Montevideo, recuperada el 27 de enero de 2021 mediante un juicio de desalojo, con revocación del beneficio.
También mencionó un caso en el complejo Ignacio Rivas, recuperado el 12 de febrero de 2021. En ese caso, la persona “no tenía derecho” a permanecer en la vivienda y el beneficio había sido revocado.
A partir de esa documentación, volvió a cuestionar la respuesta del BPS.
“No sé de dónde sacó el BPS que no hay gente desalojada”, insistió.
EL CASO DE MALDONADO
Al referirse específicamente a la mujer de Maldonado, explicó que el organismo la consideraba una “conviviente no autorizada”.
Esa situación ya había sido mencionada en la entrevista anterior en la que se habló del caso.
Pero el planteo fue más allá de determinar si la mujer tenía o no derecho a permanecer en la vivienda.
“Lo que tendría que hacer es seguimiento”, afirmó.
Explicó que, cuando una persona vulnerable deja una vivienda del BPS, el Estado debería conocer cuál es su situación y qué ocurre después de perder ese hogar.
Para el director, no alcanza con recuperar la vivienda.
También hay que saber qué ocurre con la persona que la deja.
En ese sentido, contó que él y su equipo han intervenido en situaciones en las que tuvieron que ayudar a personas a conseguir documentación y coordinar con otros organismos para encontrar una solución.
“Lo que tendría que hacer es seguimiento”, reiteró.
"NO ES SOLAMENTE DESALOJAR"
El planteo también apuntó a que la discusión no debería centrarse únicamente en si una persona tenía derecho a permanecer en una vivienda.
Explicó que hay situaciones en las que se debe analizar la edad, la situación económica y las condiciones en las que vive cada persona.
“No todo es blanco o negro”, planteó.
También relató un caso en el que una pareja superaba el límite de ingresos establecido para permanecer en una vivienda del BPS. La diferencia, explicó, era de unos 50.000 pesos.
Sin embargo, se resolvió contemplar la situación y no avanzar directamente con el desalojo.
Sostuvo que este tipo de situaciones muestran la necesidad de analizar cada caso y no aplicar las mismas decisiones sin tener en cuenta la realidad de las personas.
“Hay que tener un poco de racionalidad”, señaló.
INFORME QUE REGISTRA LOS DESALOJOS
Volvió varias veces sobre el documento del BPS mencionado durante la entrevista.
Explicó que el informe comprende el periodo entre enero de 2021 y mayo de 2026 y contiene casos de viviendas recuperadas mediante juicios de desalojo.
Entre los ejemplos mencionados están los complejos Santiago Vázquez e Ignacio Rivas, ambos en Montevideo.
También explicó que el documento diferencia las situaciones de quienes tenían derecho a utilizar las viviendas y quienes ya no tenían ese derecho cuando fueron recuperadas.
Para él, esa documentación entra en contradicción con la respuesta que el BPS dio sobre el caso de Maldonado.
“Yo no sé de dónde sacó el BPS que no hay gente desalojada”, volvió a afirmar.
Otro de los puntos centrales fue lo que ocurre después de que una persona deja una vivienda.
Explicó que el Estado debería conocer qué pasó con esa persona y si tiene un lugar donde vivir.
También planteó la necesidad de coordinar con organismos como el MIDES y resolver situaciones básicas cuando se trata de personas vulnerables.
Durante la entrevista contó que su equipo ha realizado recorridas por complejos habitacionales del BPS en distintos puntos del país y que allí se encontraron con diferentes situaciones.
Mencionó personas que permanecen en viviendas aunque ya no tengan derecho a hacerlo, convivientes no autorizados y adultos mayores que necesitan asistencia.
También habló de personas que, en algunos casos, llevan “10 o 15 años” sin vivir en las viviendas que tenían asignadas.
Explicó que esas situaciones forman parte de los problemas encontrados durante las recorridas y que requieren una revisión de la política habitacional del organismo.
El caso había generado una respuesta del BPS, que negó que la mujer hubiera sido desalojada por el organismo.
La respuesta fue directa: “No sé de dónde sacó el BPS que no hay gente desalojada”.
Durante la entrevista, explicó que tenía en su poder un correo electrónico enviado desde el BPS el miércoles 17 de junio de 2026, a las 18:09.
El mensaje informaba sobre “el total de personas que han sido desalojadas de las viviendas del BPS en el periodo comprendido entre 2021 y 2026 inclusive”.
Explicó que el informe diferenciaba entre las personas que mantenían el derecho a utilizar las viviendas y aquellas que “no tenían derecho al momento de la recuperación”.
También hizo referencia a un apartado denominado “Viviendas recuperadas por juicio de desalojo, periodo de enero 2021 a mayo 2026”.
“Ahí están las viviendas recuperadas por juicio de desalojo”, explicó.
Entre los casos que mencionó aparece una vivienda ubicada en el complejo Santiago Vázquez, en Montevideo, recuperada el 27 de enero de 2021 mediante un juicio de desalojo, con revocación del beneficio.
También mencionó un caso en el complejo Ignacio Rivas, recuperado el 12 de febrero de 2021. En ese caso, la persona “no tenía derecho” a permanecer en la vivienda y el beneficio había sido revocado.
A partir de esa documentación, volvió a cuestionar la respuesta del BPS.
“No sé de dónde sacó el BPS que no hay gente desalojada”, insistió.
EL CASO DE MALDONADO
Al referirse específicamente a la mujer de Maldonado, explicó que el organismo la consideraba una “conviviente no autorizada”.
Esa situación ya había sido mencionada en la entrevista anterior en la que se habló del caso.
Pero el planteo fue más allá de determinar si la mujer tenía o no derecho a permanecer en la vivienda.
“Lo que tendría que hacer es seguimiento”, afirmó.
Explicó que, cuando una persona vulnerable deja una vivienda del BPS, el Estado debería conocer cuál es su situación y qué ocurre después de perder ese hogar.
Para el director, no alcanza con recuperar la vivienda.
También hay que saber qué ocurre con la persona que la deja.
En ese sentido, contó que él y su equipo han intervenido en situaciones en las que tuvieron que ayudar a personas a conseguir documentación y coordinar con otros organismos para encontrar una solución.
“Lo que tendría que hacer es seguimiento”, reiteró.
"NO ES SOLAMENTE DESALOJAR"
El planteo también apuntó a que la discusión no debería centrarse únicamente en si una persona tenía derecho a permanecer en una vivienda.
Explicó que hay situaciones en las que se debe analizar la edad, la situación económica y las condiciones en las que vive cada persona.
“No todo es blanco o negro”, planteó.
También relató un caso en el que una pareja superaba el límite de ingresos establecido para permanecer en una vivienda del BPS. La diferencia, explicó, era de unos 50.000 pesos.
Sin embargo, se resolvió contemplar la situación y no avanzar directamente con el desalojo.
Sostuvo que este tipo de situaciones muestran la necesidad de analizar cada caso y no aplicar las mismas decisiones sin tener en cuenta la realidad de las personas.
“Hay que tener un poco de racionalidad”, señaló.
INFORME QUE REGISTRA LOS DESALOJOS
Volvió varias veces sobre el documento del BPS mencionado durante la entrevista.
Explicó que el informe comprende el periodo entre enero de 2021 y mayo de 2026 y contiene casos de viviendas recuperadas mediante juicios de desalojo.
Entre los ejemplos mencionados están los complejos Santiago Vázquez e Ignacio Rivas, ambos en Montevideo.
También explicó que el documento diferencia las situaciones de quienes tenían derecho a utilizar las viviendas y quienes ya no tenían ese derecho cuando fueron recuperadas.
Para él, esa documentación entra en contradicción con la respuesta que el BPS dio sobre el caso de Maldonado.
“Yo no sé de dónde sacó el BPS que no hay gente desalojada”, volvió a afirmar.
Otro de los puntos centrales fue lo que ocurre después de que una persona deja una vivienda.
Explicó que el Estado debería conocer qué pasó con esa persona y si tiene un lugar donde vivir.
También planteó la necesidad de coordinar con organismos como el MIDES y resolver situaciones básicas cuando se trata de personas vulnerables.
Durante la entrevista contó que su equipo ha realizado recorridas por complejos habitacionales del BPS en distintos puntos del país y que allí se encontraron con diferentes situaciones.
Mencionó personas que permanecen en viviendas aunque ya no tengan derecho a hacerlo, convivientes no autorizados y adultos mayores que necesitan asistencia.
También habló de personas que, en algunos casos, llevan “10 o 15 años” sin vivir en las viviendas que tenían asignadas.
Explicó que esas situaciones forman parte de los problemas encontrados durante las recorridas y que requieren una revisión de la política habitacional del organismo.
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