El Parlamento aprobó un nuevo régimen especial de facilidades de pago impulsado por el Banco de Previsión Social (BPS) para que unas 37.000 empresas morosas puedan regularizar sus adeudos acumulados desde 1996.
De estas empresas, 4.200 se encuentran en actividad, según declaró la presidenta del organismo Jimena Pardo. La ley quedará operativa a partir de setiembre y el director del BPS en representación del sector empresarial, José Pereyra, criticó las condiciones de la ley.
Pereyra alertó, en diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE, que la utilización de la Unidad Reajustable (UR) como mecanismo de ajuste condena a los comerciantes a afrontar montos imposibles de saldar.
PEQUEÑO EMPRESARIO QUE NO PUDO ACCEDER A LA JUBILACIÓN
El dueño de un taller mecánico sufrió graves problemas de salud debido a la diabetes, enfrentando amputaciones. En medio de su delicada situación médica, le pidió a su hija y a una gestoría cerrar la empresa, pero quedaron pendientes apenas $ 600 de saldo.
Con el paso de los años, los intereses y recargos transformaron esa cifra en una deuda millonaria e impagable, impidiendo que el hombre pudiera acceder a su jubilación.
“Cuando fui a ver a la persona, me atiende detrás de un escritorio. Cuando se da vuelta, estaba en silla de ruedas, había perdido toda una pierna y todo un pie”, contó el jerarca. “Era una persona que no había tenido nunca un antecedente de deuda”, añadió.
El testimonio fue compartido por Pereyra quien cuestionó con dureza al Estado, calificando la gestión pública como "medieval" por “pasar por encima de sus ciudadanos sobre todo cuando cae en la mala”.
DEUDAS IMPAGABLES
Pereyra recordó el antecedente de 2018 en el Banco Hipotecario del Uruguay. En aquel momento, el Parlamento debió intervenir debido a las protestas de deudores en UR que exigían migrar al sistema de Unidades Indexadas (UI).
Cuotas que en 2005 eran de $5.000 pasaron a costar $23.000 en 2013 bajo la modalidad de UR, puntualizó el jerarca, mientras que en UI se habrían mantenido en un entorno pagable de $13.000.
El director explicó la situación con un ejemplo. Dijo que una pequeña crisis puede dejar a un empresario con una deuda original de $10.000, sin embargo, al momento de querer jubilarse años después, el cálculo acumulado en UR puede transformar ese saldo inicial en una deuda de $500.000.
“El Instituto de Derechos Humanos dijo que el Estado uruguayo debe dejar de tratar las deudas en UR porque terminan siendo realmente impagables. Y acá hay gente que insiste con un antecedente como fue lo del Banco Hipotecario”, subrayó.
“Lo que nosotros decimos es: o lo pasan a UI o buscan otra manera porque terminan haciendo algo de muy buena intención en un mamarracho”, apuntó.
Pereyra señaló que, durante la Comisión de Presupuesto, legisladores de todos los partidos comprendieron el problema que plantearon. Ahora, a través de reuniones informales, “estamos solicitando que por lo menos entren en razón” e insisten en que se incluya la libertad de elección. La clave está en que la ley permita que las personas elijan poder pagar sus deudas en UI.
De estas empresas, 4.200 se encuentran en actividad, según declaró la presidenta del organismo Jimena Pardo. La ley quedará operativa a partir de setiembre y el director del BPS en representación del sector empresarial, José Pereyra, criticó las condiciones de la ley.
Pereyra alertó, en diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE, que la utilización de la Unidad Reajustable (UR) como mecanismo de ajuste condena a los comerciantes a afrontar montos imposibles de saldar.
PEQUEÑO EMPRESARIO QUE NO PUDO ACCEDER A LA JUBILACIÓN
El dueño de un taller mecánico sufrió graves problemas de salud debido a la diabetes, enfrentando amputaciones. En medio de su delicada situación médica, le pidió a su hija y a una gestoría cerrar la empresa, pero quedaron pendientes apenas $ 600 de saldo.
Con el paso de los años, los intereses y recargos transformaron esa cifra en una deuda millonaria e impagable, impidiendo que el hombre pudiera acceder a su jubilación.
“Cuando fui a ver a la persona, me atiende detrás de un escritorio. Cuando se da vuelta, estaba en silla de ruedas, había perdido toda una pierna y todo un pie”, contó el jerarca. “Era una persona que no había tenido nunca un antecedente de deuda”, añadió.
El testimonio fue compartido por Pereyra quien cuestionó con dureza al Estado, calificando la gestión pública como "medieval" por “pasar por encima de sus ciudadanos sobre todo cuando cae en la mala”.
DEUDAS IMPAGABLES
Pereyra recordó el antecedente de 2018 en el Banco Hipotecario del Uruguay. En aquel momento, el Parlamento debió intervenir debido a las protestas de deudores en UR que exigían migrar al sistema de Unidades Indexadas (UI).
Cuotas que en 2005 eran de $5.000 pasaron a costar $23.000 en 2013 bajo la modalidad de UR, puntualizó el jerarca, mientras que en UI se habrían mantenido en un entorno pagable de $13.000.
El director explicó la situación con un ejemplo. Dijo que una pequeña crisis puede dejar a un empresario con una deuda original de $10.000, sin embargo, al momento de querer jubilarse años después, el cálculo acumulado en UR puede transformar ese saldo inicial en una deuda de $500.000.
“El Instituto de Derechos Humanos dijo que el Estado uruguayo debe dejar de tratar las deudas en UR porque terminan siendo realmente impagables. Y acá hay gente que insiste con un antecedente como fue lo del Banco Hipotecario”, subrayó.
“Lo que nosotros decimos es: o lo pasan a UI o buscan otra manera porque terminan haciendo algo de muy buena intención en un mamarracho”, apuntó.
Pereyra señaló que, durante la Comisión de Presupuesto, legisladores de todos los partidos comprendieron el problema que plantearon. Ahora, a través de reuniones informales, “estamos solicitando que por lo menos entren en razón” e insisten en que se incluya la libertad de elección. La clave está en que la ley permita que las personas elijan poder pagar sus deudas en UI.
