La denuncia presentada en Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, a cargo de Sandra Fleitas y que se sustancia en el juzgado de Crimen Organizado, por compradores de un terreno en Punta Negra incorpora un elemento que, para su abogado, resulta clave para comprender cómo se concretó la operación: sus clientes ya eran poseedores legítimos del predio antes de terminar comprándolo.
Según explicó a FM GENTE el Dr. Serrón, los denunciantes ocupaban el terreno y habían realizado reformas cuando aparecieron personas que aseguraban tener derechos sobre la propiedad, los denunciaron por usurpación y exhibieron documentación que acreditaría la titularidad.
Frente a ese escenario, y ante la posibilidad de perder el inmueble y las mejoras efectuadas, los clientes optaron por comprar el terreno.
“¿Qué ibas a pensar en ese momento? Que era una maniobra delictiva”, sostuvo el abogado al explicar que sus representados actuaron convencidos de que estaban regularizando una situación jurídica legítima. La operación terminó significando un desembolso de más de US$ 23.000, según la defensa.
LA SOSPECHA SURGIÓ DESPUÉS
El planteo cambió cuando avanzó la investigación penal por las presuntas maniobras inmobiliarias detectadas en Punta Negra.
A partir de la causa, la defensa comenzó a advertir elementos que considera llamativos: la aparición de sociedades comerciales, nombres que se repiten en distintas operaciones y apoderados vinculados a las transferencias de los terrenos.
Ese nuevo escenario llevó a los compradores a presentarse como eventuales víctimas y pedir que se determine si la operación mediante la cual adquirieron el terreno estuvo relacionada con la trama investigada por la Fiscalía.
“Después que salta todo esto, vemos que hay una sociedad anónima, nombres que se repiten y una ciudadana argentina que aparece como apoderada”, señaló el abogado.
DE DENUNCIADOS POR USURPACIÓN A POSIBLES VÍCTIMAS
El caso presenta así una situación particular: quienes inicialmente fueron señalados por ocupar el terreno ahora sostienen que podrían haber sido inducidos a comprarlo mediante una maniobra basada en documentación cuya legitimidad debe ser investigada.
La defensa pretende reconstruir toda la cadena de titularidad del padrón, verificar los poderes utilizados en operaciones anteriores y determinar quiénes recibieron finalmente el dinero pagado por sus clientes.
El abogado indicó además que este sería uno de los primeros casos en los que un comprador se presenta directamente ante la investigación alegando haber sido perjudicado patrimonialmente, luego de haber pagado por un terreno que creía adquirir de manera regular.
La denuncia quedó incorporada a una causa más amplia en la que se investigan ventas de terrenos de Punta Negra mediante poderes y documentos presuntamente falsificados, con personas ya condenadas y otras formalizadas.
Para los denunciantes, el punto central será determinar ahora si actuaron durante todo el proceso de buena fe y si, detrás de aquella aparente regularización de la propiedad, existió en realidad una maniobra destinada a obtener dinero de quienes ya ocupaban el terreno.
La compraventa fue firmada el 11 de febrero de 2021 en Piriápolis. Los denunciantes adquirieron en partes iguales un terreno de 646 metros cuadrados, vendido por una empresa representada por Paulo Álvez, quien actualmente se encuentra imputado en la causa.
En la escritura se estableció un precio de US$ 18.750, compuesto por un pago inicial de US$ 6.000 y cuatro cuotas. Posteriormente se incorporó una constancia notarial, fechada el 30 de diciembre de 2022, que acreditaba la cancelación total.
Sin embargo, los compradores aseguran que los desembolsos vinculados a la adquisición superaron los US$ 23.000.
Por esa razón, su abogado solicita que se reconstruya el circuito completo de los pagos y se determine quiénes fueron los destinatarios finales del dinero.
LA DENUNCIA DE LA INTENDENCIA
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Intendencia de Maldonado en 2019 y permitió detectar una maniobra mediante la utilización de poderes que aparentaban haber sido autorizados por un escribano que había fallecido en 2006.
Incluso algunos de los supuestos otorgantes de esos poderes habían muerto antes de las fechas que figuraban en los documentos.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, encabezada por Sandra Fleitas, logró establecer hasta el momento que al menos 12 padrones de Punta Negra fueron comercializados utilizando documentación apócrifa.
Entre los investigados se encuentra el inmobiliario Paulo Álvez, imputado el pasado 25 de septiembre por asociación para delinquir, uso de documento público falso y estafa. La Justicia dispuso que permanezca en arresto domiciliario con tobillera electrónica mientras continúa la investigación.
Según explicó a FM GENTE el Dr. Serrón, los denunciantes ocupaban el terreno y habían realizado reformas cuando aparecieron personas que aseguraban tener derechos sobre la propiedad, los denunciaron por usurpación y exhibieron documentación que acreditaría la titularidad.
Frente a ese escenario, y ante la posibilidad de perder el inmueble y las mejoras efectuadas, los clientes optaron por comprar el terreno.
“¿Qué ibas a pensar en ese momento? Que era una maniobra delictiva”, sostuvo el abogado al explicar que sus representados actuaron convencidos de que estaban regularizando una situación jurídica legítima. La operación terminó significando un desembolso de más de US$ 23.000, según la defensa.
LA SOSPECHA SURGIÓ DESPUÉS
El planteo cambió cuando avanzó la investigación penal por las presuntas maniobras inmobiliarias detectadas en Punta Negra.
A partir de la causa, la defensa comenzó a advertir elementos que considera llamativos: la aparición de sociedades comerciales, nombres que se repiten en distintas operaciones y apoderados vinculados a las transferencias de los terrenos.
Ese nuevo escenario llevó a los compradores a presentarse como eventuales víctimas y pedir que se determine si la operación mediante la cual adquirieron el terreno estuvo relacionada con la trama investigada por la Fiscalía.
“Después que salta todo esto, vemos que hay una sociedad anónima, nombres que se repiten y una ciudadana argentina que aparece como apoderada”, señaló el abogado.
DE DENUNCIADOS POR USURPACIÓN A POSIBLES VÍCTIMAS
El caso presenta así una situación particular: quienes inicialmente fueron señalados por ocupar el terreno ahora sostienen que podrían haber sido inducidos a comprarlo mediante una maniobra basada en documentación cuya legitimidad debe ser investigada.
La defensa pretende reconstruir toda la cadena de titularidad del padrón, verificar los poderes utilizados en operaciones anteriores y determinar quiénes recibieron finalmente el dinero pagado por sus clientes.
El abogado indicó además que este sería uno de los primeros casos en los que un comprador se presenta directamente ante la investigación alegando haber sido perjudicado patrimonialmente, luego de haber pagado por un terreno que creía adquirir de manera regular.
La denuncia quedó incorporada a una causa más amplia en la que se investigan ventas de terrenos de Punta Negra mediante poderes y documentos presuntamente falsificados, con personas ya condenadas y otras formalizadas.
Para los denunciantes, el punto central será determinar ahora si actuaron durante todo el proceso de buena fe y si, detrás de aquella aparente regularización de la propiedad, existió en realidad una maniobra destinada a obtener dinero de quienes ya ocupaban el terreno.
La compraventa fue firmada el 11 de febrero de 2021 en Piriápolis. Los denunciantes adquirieron en partes iguales un terreno de 646 metros cuadrados, vendido por una empresa representada por Paulo Álvez, quien actualmente se encuentra imputado en la causa.
En la escritura se estableció un precio de US$ 18.750, compuesto por un pago inicial de US$ 6.000 y cuatro cuotas. Posteriormente se incorporó una constancia notarial, fechada el 30 de diciembre de 2022, que acreditaba la cancelación total.
Sin embargo, los compradores aseguran que los desembolsos vinculados a la adquisición superaron los US$ 23.000.
Por esa razón, su abogado solicita que se reconstruya el circuito completo de los pagos y se determine quiénes fueron los destinatarios finales del dinero.
LA DENUNCIA DE LA INTENDENCIA
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Intendencia de Maldonado en 2019 y permitió detectar una maniobra mediante la utilización de poderes que aparentaban haber sido autorizados por un escribano que había fallecido en 2006.
Incluso algunos de los supuestos otorgantes de esos poderes habían muerto antes de las fechas que figuraban en los documentos.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, encabezada por Sandra Fleitas, logró establecer hasta el momento que al menos 12 padrones de Punta Negra fueron comercializados utilizando documentación apócrifa.
Entre los investigados se encuentra el inmobiliario Paulo Álvez, imputado el pasado 25 de septiembre por asociación para delinquir, uso de documento público falso y estafa. La Justicia dispuso que permanezca en arresto domiciliario con tobillera electrónica mientras continúa la investigación.
