Este lunes, un grupo de propietarios de chacras ubicadas en la ribera oceánica de la boya petrolera en la zona de José Ignacio, presentaron un recurso de amparo para impedir la realización de tres megafiestas que se realizarán en un campo de la ruta 10 y a las que acudirán cerca de 12 mil personas.
El abogado querellante, José García Arocena explicó en la Primera Página de la Revista de FM GENTE que el juez de turno dio trámite al amparo y que a primera hora de la mañana de este martes iría hasta el lugar elegido para llevar a cabo las fiestas electrónicas.
“Vamos a analizar el lugar, la distancia de la boya petrolera y vamos a poder apreciar que estamos en un ambiente rural lo cual en principio, por ordenanza territorial, está prohibido que tenga fines comerciales como en este caso (…) También vamos a examinar el acceso a la fiesta y la cercanía a todo el vecindario de la gente que vive alrededor”, señaló.
Por otra parte, García señaló que el magistrado posteriormente se dirigirá hasta el juzgado a su cargo, donde fijó audiencia para las 10: 30 horas.
“Son juicios de prevención, normalmente cuando está en juego el medioambiente lo principal es prevenir, si no se puede se tendrá que restaurar, y por último las consecuencias y sanciones que puedan caber en la ley medioambiental”, indicó.
Finalmente, aseguró que la Dirección Nacional de Policía Caminera no fue notificada a la hora de intervenir el tránsito de entrada y de salida del lugar de las fiestas.
“Las fiestas no se sabe si tienen autorización de alguien o no, nos enteramos el 25 de diciembre y logramos presentar la acción este lunes”, sentenció.
El abogado querellante, José García Arocena explicó en la Primera Página de la Revista de FM GENTE que el juez de turno dio trámite al amparo y que a primera hora de la mañana de este martes iría hasta el lugar elegido para llevar a cabo las fiestas electrónicas.
“Vamos a analizar el lugar, la distancia de la boya petrolera y vamos a poder apreciar que estamos en un ambiente rural lo cual en principio, por ordenanza territorial, está prohibido que tenga fines comerciales como en este caso (…) También vamos a examinar el acceso a la fiesta y la cercanía a todo el vecindario de la gente que vive alrededor”, señaló.
Por otra parte, García señaló que el magistrado posteriormente se dirigirá hasta el juzgado a su cargo, donde fijó audiencia para las 10: 30 horas.
“Son juicios de prevención, normalmente cuando está en juego el medioambiente lo principal es prevenir, si no se puede se tendrá que restaurar, y por último las consecuencias y sanciones que puedan caber en la ley medioambiental”, indicó.
Finalmente, aseguró que la Dirección Nacional de Policía Caminera no fue notificada a la hora de intervenir el tránsito de entrada y de salida del lugar de las fiestas.
“Las fiestas no se sabe si tienen autorización de alguien o no, nos enteramos el 25 de diciembre y logramos presentar la acción este lunes”, sentenció.
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