Facebook Twitter WhatsApp

Franco insistió en que la comuna continuará con las acciones penales para desalojar o encausar a quienes han vendido viviendas sociales, fundamentalmente en Cerro Pelado. Dijo que ya se está haciendo una campaña de información a la población, tanto a través de la prensa como mediante volantes entregados puerta a puerta.

Por otra parte, dijo que desconoce la decisión aprobada por la Junta Departamental para que abogados y asistentes sociales revisen la situación de las personas que no pueden afrontar los costos de sus viviendas en Maldonado Nuevo.

Franco sostuvo que hasta el momento no han tenido información oficial sobre esta iniciativa, que por otra parte desconoce, ni contactos para que alguien le comunique de qué se trata. No obstante, manifestó la voluntad de trabajar en conjunto para solucionar estos problemas, aunque entiende que es más bien “un asunto entre privados”.

Por otra parte, informó que siguen trabajando para que la UDG provea de agua potable al asentamiento Kennedy.

“No es que el intendente firme una resolución y punto. No es tan sencillo como se ha planteado (por parte del diputado blanco Nelson Rodríguez). La UGD debe presentar notas y trabajos para que el MVOTMA lo autorice como marca la ley de ordenamiento territorial, de acuerdo a su artículo 70”, enfatizó.

Franco también habló de las obras de infraestructura que se realizarán en el barrio San Antonio III de la capital departamental, por un total de 105 millones de pesos. Explicó que 80 millones serán aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo y que el resto correrá por cuenta de la intendencia.

Habrá trabajos de canalización de pluviales, extensión de calles, modificación de manzanas, iluminación y saneamiento, entre otras tareas que obligarán a realojar a muchas familias mientras dure la obra. En total, el proyecto beneficiaría a unos 250 familias.