Los Dres. Pablo Piacenti y María Elena Maciel, integrantes de la Defensoría de Oficio del Poder Judicial de Maldonado, afirmaron en FM GENTE que su sector ha quedado relegado no sólo en cuanto a recursos sino también a posibilidades. Estas, y otras situaciones que narraron, derivan en que la atención a los usuarios sea deficitaria y Piacenti afirmó también que los diligenciamientos de la fiscalía extienden la definición de los casos al punto en que no habrá justicia para los damnificados.
Facebook
Twitter
WhatsAppPiacenti visibilizó el trabajo de los defensores de oficio y señaló que “otros” se llevan los reconocimientos cuando la tarea de apoyo a las víctimas la hacen ellos, en clara referencia a los fiscales.
“Se dan premios para la Unidad de Víctimas de Fiscalía y sin embargo el trabajo que se hace con las víctimas deja muchísimo que desear y los que realmente hacen el trabajo son los defensores”, dijo.
El defensor contó que hace poco tiempo, con un caso de una denuncia multimillonaria, pidió un cierre de fronteras, se corren riesgos de que la persona acusada se fugue o pueda tomar una represalia y que sin embargo la fiscalía, “pausadamente”, se toma su tiempo, dilatando las probanzas.
Por su parte la doctora María Elena Maciel explicó cómo se le suman áreas a los pocos defensores de oficio y afirmó que es cada vez mayor la brecha entre la capital y el interior del país.
“Mientras que Montevideo tiende a especializar y separar las materias, en el interior se tiende a que los defensores públicos sean multimateria”.
La profesional sostuvo que hay leyes que en la “teoría” deben aplicarse pero que no tienen la infraestructura para hacerlo como pasa, por ejemplo, con la Ley de Género.
“No podemos vivir de las teorías porque no es justo aprobar leyes y después no poder llevarlas a la práctica porque no hay infraestructura”.
Escuche la entrevista completa:
24 Apr 2024
20:57
