La instancia ante la policía y la justicia se debió a que se había notificado reiteradamente a los tenedores de las mismas que las devolvieran pero pasado el tiempo no lo hicieron.
Cada aparato está valuado en U$S 200 dólares.
El área jurídica del legislativo aconsejó a la presidencia radicar la denuncia porque de lo contrario se estaría "omiso" ante la situación.