El individuo se negó a firmar un acta en la que constaba una resolución judicial sobre su persona en relación a la denuncia presentada por la fundación que, entre otras actividades, realiza tareas de prevención en violencia.
La jueza a cargo solicitó entonces la presencia de personal de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica que lo trasladó a dependencias policiales y, posteriormente, lo condujo a declarar a la sede penal de 10º turno.
Luego de las indagatorias, el juez determinó su procesamiento, sin prisión, de J.A.L.S., bajo caución juratoria por la presunta comisión de un delito continuado de violencia privada en reiteración real y un delito de desacato.
Como medida sustitutiva se le impuso la prohibición de acercarse a la víctima, a su hogar, su lugar de trabajo y de los lugares de estudio de sus hijos menores, por un radio de 500 mts. También se le prohibió comunicarse y relacionarse con su ex pareja y cualquier otra conducta similar.
Pero la justicia también dispuso que a J.A.L.S. se le colocara la tobillera electrónica que, junto al resto de las medidas, deberá portar y cumplir por un plazo de 90 días.
Se trata del primer dispositivo que se coloca en el departamento luego de la implementación del sistema semanas atrás.