De hecho se le imputó el delito comprendido en el artículo 4 de la Ley 17815 de violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños, adolescentes o incapaces. El artículo de referencia establece que “el que pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría”.
Según se pudo establecer en las actuaciones judiciales, que estuvieron a cargo de la Jueza Adriana Morosini y de la fiscal Adriana Arena, el hombre visitaba, a bordo de un auto azul y blanco, una casa del centro de Maldonado de donde recogía menores a cambio de ropa y dinero.
El octogenario vivía solo en una casa de un barrio residencial de Punta del Este y el resto de su familia reside en Buenos Aires. La policía de Maldonado había recibido, el año pasado, comunicaciones verbales de la situación que se daba en la finca de Maldonado a la que acudía el hombre a buscar a las chicas y se encontraban investigando los hechos.
Al mismo tiempo, meses atrás el ahora procesado denunció el hurto de varios efectos en el interior de su vivienda. El caso despertó la sospecha de la jueza Morosini quien ordenó investigar al sujeto. Luego de varios días de investigación, entre ellas la recolección de testimonios de las involucradas, la jueza ordenó su captura.