La denuncia penal a la que accedió FM GENTE señala que Pereyra recibió para su votación tres expedientes, en los cuales el organismo a través de sus diferentes estamentos, aconsejaba al Directorio la revocación de la adjudicación de tres pasivos beneficiarios de una solución habitacional en Maldonado.
Al analizar los expedientes advirtieron indicios de irregularidades, indican en la denuncia, por lo que concurrieron al Complejo Brisas del Este para conocer los hechos de primera mano y comprobaron que la realidad era “muy diferente a la informada”.
“Para que efectivamente proceda la revocación de la adjudicación, deben reunirse los elementos de prueba suficientes”, señala la denuncia, sin embargo, “existió una animosidad de la administración en perjuicio de los beneficiarios”, agrega.
La denuncia consigna que existió una “clara persecución” de la gerenta de la Unidad Descentralizada de Atención Integral, Marilyn González, quien “puso todo el aparato del BPS a su disposición” para “perseguir” a las tres personas beneficiarias de las viviendas.
Asimismo advierten que González tiene un rol activo en militancia político partidaria en Maldonado y que “en un claro abuso de las funciones inherentes a su cargo” llevó a cabo una maniobra de persecución “tendiente a lograr la revocación de la adjudicación de las viviendas”.
Enfatizan que utilizó recursos del BPS para respaldar “denuncias infundadas” y también información personal “para respaldar acciones discriminatorias” y que estas acciones “constituyen violaciones flagrantes a los derechos individuales y a los estándares éticos y legales que se esperan de un funcionario público”.
Al analizar los expedientes advirtieron indicios de irregularidades, indican en la denuncia, por lo que concurrieron al Complejo Brisas del Este para conocer los hechos de primera mano y comprobaron que la realidad era “muy diferente a la informada”.
“Para que efectivamente proceda la revocación de la adjudicación, deben reunirse los elementos de prueba suficientes”, señala la denuncia, sin embargo, “existió una animosidad de la administración en perjuicio de los beneficiarios”, agrega.
La denuncia consigna que existió una “clara persecución” de la gerenta de la Unidad Descentralizada de Atención Integral, Marilyn González, quien “puso todo el aparato del BPS a su disposición” para “perseguir” a las tres personas beneficiarias de las viviendas.
Asimismo advierten que González tiene un rol activo en militancia político partidaria en Maldonado y que “en un claro abuso de las funciones inherentes a su cargo” llevó a cabo una maniobra de persecución “tendiente a lograr la revocación de la adjudicación de las viviendas”.
Enfatizan que utilizó recursos del BPS para respaldar “denuncias infundadas” y también información personal “para respaldar acciones discriminatorias” y que estas acciones “constituyen violaciones flagrantes a los derechos individuales y a los estándares éticos y legales que se esperan de un funcionario público”.
