La Intendencia de Maldonado intimó al desalojo de 10 familias que residen en el asentamiento Los Eucaliptus, bajo la advertencia de demoler sus viviendas.
La representante legal de estas familias - integradas en su totalidad o en parte por personas de nacionalidad colombiana - está a cargo de la exjueza del Poder Judicial, la doctora Amalis Martínez. La abogada detalló a FM GENTE que las notificaciones fueron recibidas hace aproximadamente dos semanas. “Las notificaciones estaban dirigidas a NNs, no había nombres, y en otros casos identificaban claramente número de casas”, puntualizó Martínez.
La profesional señaló que estas notificaciones generaron un impacto emocional en las familias que desconocían su futuro y se preguntaban “¿cuándo viene la máquina o cuándo vienen los funcionarios a desarmar las casas?”, contó.
Martínez señaló que propuso a sus defendidos presentar un escrito ante la Intendencia de Maldonado y explicar las situaciones particulares que atraviesa cada familia apostando al diálogo. “De un momento a otro no pueden abandonar el lugar, tememos esa acción de demolición cuando hay cantidad de familias con niños, con personas mayores que tienen alguna situación de precariedad o carencia de trabajo, como para irse a alojar en algún lugar. Entonces necesitamos tiempo”, puntualizó.
Sostuvo que sus representados, “en general”, desconocen el censo y los relevamientos sociohabitacionales que se realizaron en el asentamiento. Contó que hubo personas que le transmitieron que hacía cuatro años que vivían allí “y que no les sonaba que lo hayan incluido en ningún censo, nadie les fue a preguntar”.
Martínez explicó que está próxima a presentar una excepción que demuestre que sus defendidos no son ocupantes precarios. Entre toda la documentación recabada por la profesional se encuentra la historia laboral de estas personas, lo que demostraría, señaló la abogada, que se los acusó injustamente de que estuvieran relacionados “con el préstamo de gota a gota”.
“Esta gente quiere tener también su oportunidad de respuesta, que no los metan en la misma bolsa. Me parece que hay que ser cauteloso cuando se hacen acusaciones así, porque en ese caso deberíamos tener claramente identificado a través de un proceso penal o una formalización quiénes son y dónde viven, dónde están, para poder decir que todas esas familias de los prestamistas. La mayoría, o mejor dicho, todos los que me han contratado, a mí me han presentado recibos de trabajo, veo que son familias comunes y corrientes como nosotros”, sostuvo.
El senador del Partido Nacional, Rodrigo Blás, había declarado días atrás a FM GENTRE que avalaba desalojar a familias colombianas de Los Eucaliptus por llegar después del censo.
Blás señaló en una entrevista con la Contratapa de la Revista que alrededor de 17 familias no estaban incluidas en el relevamiento realizado por la Intendencia de Maldonado y, por lo tanto, no les correspondía acceder a una vivienda dentro del proceso que se lleva adelante en Los Eucaliptus.
La representante legal de estas familias - integradas en su totalidad o en parte por personas de nacionalidad colombiana - está a cargo de la exjueza del Poder Judicial, la doctora Amalis Martínez. La abogada detalló a FM GENTE que las notificaciones fueron recibidas hace aproximadamente dos semanas. “Las notificaciones estaban dirigidas a NNs, no había nombres, y en otros casos identificaban claramente número de casas”, puntualizó Martínez.
La profesional señaló que estas notificaciones generaron un impacto emocional en las familias que desconocían su futuro y se preguntaban “¿cuándo viene la máquina o cuándo vienen los funcionarios a desarmar las casas?”, contó.
Martínez señaló que propuso a sus defendidos presentar un escrito ante la Intendencia de Maldonado y explicar las situaciones particulares que atraviesa cada familia apostando al diálogo. “De un momento a otro no pueden abandonar el lugar, tememos esa acción de demolición cuando hay cantidad de familias con niños, con personas mayores que tienen alguna situación de precariedad o carencia de trabajo, como para irse a alojar en algún lugar. Entonces necesitamos tiempo”, puntualizó.
Sostuvo que sus representados, “en general”, desconocen el censo y los relevamientos sociohabitacionales que se realizaron en el asentamiento. Contó que hubo personas que le transmitieron que hacía cuatro años que vivían allí “y que no les sonaba que lo hayan incluido en ningún censo, nadie les fue a preguntar”.
Martínez explicó que está próxima a presentar una excepción que demuestre que sus defendidos no son ocupantes precarios. Entre toda la documentación recabada por la profesional se encuentra la historia laboral de estas personas, lo que demostraría, señaló la abogada, que se los acusó injustamente de que estuvieran relacionados “con el préstamo de gota a gota”.
“Esta gente quiere tener también su oportunidad de respuesta, que no los metan en la misma bolsa. Me parece que hay que ser cauteloso cuando se hacen acusaciones así, porque en ese caso deberíamos tener claramente identificado a través de un proceso penal o una formalización quiénes son y dónde viven, dónde están, para poder decir que todas esas familias de los prestamistas. La mayoría, o mejor dicho, todos los que me han contratado, a mí me han presentado recibos de trabajo, veo que son familias comunes y corrientes como nosotros”, sostuvo.
El senador del Partido Nacional, Rodrigo Blás, había declarado días atrás a FM GENTRE que avalaba desalojar a familias colombianas de Los Eucaliptus por llegar después del censo.
Blás señaló en una entrevista con la Contratapa de la Revista que alrededor de 17 familias no estaban incluidas en el relevamiento realizado por la Intendencia de Maldonado y, por lo tanto, no les correspondía acceder a una vivienda dentro del proceso que se lleva adelante en Los Eucaliptus.
