El caso comenzó a partir de una investigación administrativa dispuesta por la Intendencia de Maldonado en junio de 2019, tras la cual la Fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Sandra Freitas, descubrió que la maniobra se gestó en torno a un poder para realizar compraventas de terrenos en nombre de otras personas.
De acuerdo a lo informado por el matutino El País, para concretar la maniobra con ese documento, se falsificó la firma y se utilizó el sello de un escribano ya fallecido y que no emitía poderes desde la década del 80.
Posteriormente, los implicados buscaban terrenos de propietarios argentinos fallecidos, o que no venían asiduamente al país, de manera que los terrenos no tuvieran un seguimiento o cuidado de nadie.
Con el poder falsificado, la organización actuaba en forma ficticia en nombre de esos propietarios y se vendían los terrenos entre ellos, sin abonar precio alguno o una ínfima parte del valor real.
Posteriormente vendían los terrenos a terceros compradores de buena fe, negocios por los que obtenían miles de dólares de ganancia. Para eso utilizaban como pantalla una conocida inmobiliaria de Piriápolis, cuyo titular se encontraría en este momento en Brasil.
Uno de los imputados trabajaba en la inmobiliaria y se encargaría de ubicar los terrenos, además, muchas veces se presentaba en padrones ocupados alegando que era el propietario y amenazando con trabar embargos si no se retiraban.
Este hombre fue imputado por asociación para delinquir, con dos delitos de uso de documento público falso y otros dos de estafa.
El otro fue el encargado de facilitar el poder del escribano fallecido. En un allanamiento en su domicilio se encontró un sello y fotocopias de documentos utilizados por el escribano fallecido.
Esta persona declaró en Fiscalía que el dueño de la inmobiliaria y su empleado se acercaron a él para concretar las maniobras. Por el momento no se conocen detalles como la cantidad de predios comercializados en forma ilegal.
De acuerdo a lo informado por el matutino El País, para concretar la maniobra con ese documento, se falsificó la firma y se utilizó el sello de un escribano ya fallecido y que no emitía poderes desde la década del 80.
Posteriormente, los implicados buscaban terrenos de propietarios argentinos fallecidos, o que no venían asiduamente al país, de manera que los terrenos no tuvieran un seguimiento o cuidado de nadie.
Con el poder falsificado, la organización actuaba en forma ficticia en nombre de esos propietarios y se vendían los terrenos entre ellos, sin abonar precio alguno o una ínfima parte del valor real.
Posteriormente vendían los terrenos a terceros compradores de buena fe, negocios por los que obtenían miles de dólares de ganancia. Para eso utilizaban como pantalla una conocida inmobiliaria de Piriápolis, cuyo titular se encontraría en este momento en Brasil.
Uno de los imputados trabajaba en la inmobiliaria y se encargaría de ubicar los terrenos, además, muchas veces se presentaba en padrones ocupados alegando que era el propietario y amenazando con trabar embargos si no se retiraban.
Este hombre fue imputado por asociación para delinquir, con dos delitos de uso de documento público falso y otros dos de estafa.
El otro fue el encargado de facilitar el poder del escribano fallecido. En un allanamiento en su domicilio se encontró un sello y fotocopias de documentos utilizados por el escribano fallecido.
Esta persona declaró en Fiscalía que el dueño de la inmobiliaria y su empleado se acercaron a él para concretar las maniobras. Por el momento no se conocen detalles como la cantidad de predios comercializados en forma ilegal.
