El sumario administrativo reveló que la funcionaria de iniciales W.E.I.W había sido denunciada el 15 de agosto de 2008, ante la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Maldonado, por hechos ajenos a su trabajo en la IMM. Un día después, el juez Federico Álvarez Petraglia le imputó un delito de estafa y la envió a prisión.
La investigación administrativa concluyó que la funcionaria procesada “intentó justificar las faltas al trabajo (ocasionadas por estar en prisión) con un certificado médico primero, y luego pretendió presentar otro que no le fue aceptado en la División de Personal del Municipio, omitiendo dar cuenta al municipio de su situación procesal”, según indica la resolución del 6 de mayo de 2010, por la cual el intendente Salaberry rescindió el contrato.
El documento añade, en otro punto, que “además del delito cometido, intentó engañar a la administración con certificados médicos engañosos, que intentaban acreditar una enfermedad cuando en realidad estaba en prisión”.
Si bien la acción que motivó el procesamiento de la funcionaria no fue en el ejercicio de sus funciones, ni tiene relación con la IMM, “ha demostrado con su conducta que no se comparece con la buena imagen que debe brindar todo funcionario público para con la sociedad”.
Citando una publicación académica del doctor Julio Prat sobre deberes del funcionario público, el Ejecutivo subrayó que el funcionario público tiene “el deber de observar buena conducta civil y moral, tanto en el desempeño de sus funciones, actuación pública, como en su actuación privada. El fundamento de esta actuación radica en que toda conducta indigna del funcionario, repercute directamente sobre el prestigio de la Administración. Este debe guardar proporción directa y es más intenso cuanto mayor sea el grado jerárquico del funcionario”.
Sobre esa base, se entiende que la funcionaria “incurrió en falta administrativa de carácter grave, por lo que es pertinente se aplique la sanción máxima, la cual es acorde a la falta cometida”. Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 211 del Reglamento General de Actuación Administrativa, Salaberry resolvió rescindirle el contrato.
La resolución no establece cuánto tiempo estuvo esta funcionaria “engañando” a la administración municipal mientras estuvo en prisión. No obstante, altas fuentes comunales indicaron a FM Gente que el caso fue detectado ante la acumulación de faltas sin aviso que, automáticamente, dispara un sumario en la división de Jurídica.
La investigación administrativa concluyó que la funcionaria procesada “intentó justificar las faltas al trabajo (ocasionadas por estar en prisión) con un certificado médico primero, y luego pretendió presentar otro que no le fue aceptado en la División de Personal del Municipio, omitiendo dar cuenta al municipio de su situación procesal”, según indica la resolución del 6 de mayo de 2010, por la cual el intendente Salaberry rescindió el contrato.
El documento añade, en otro punto, que “además del delito cometido, intentó engañar a la administración con certificados médicos engañosos, que intentaban acreditar una enfermedad cuando en realidad estaba en prisión”.
Si bien la acción que motivó el procesamiento de la funcionaria no fue en el ejercicio de sus funciones, ni tiene relación con la IMM, “ha demostrado con su conducta que no se comparece con la buena imagen que debe brindar todo funcionario público para con la sociedad”.
Citando una publicación académica del doctor Julio Prat sobre deberes del funcionario público, el Ejecutivo subrayó que el funcionario público tiene “el deber de observar buena conducta civil y moral, tanto en el desempeño de sus funciones, actuación pública, como en su actuación privada. El fundamento de esta actuación radica en que toda conducta indigna del funcionario, repercute directamente sobre el prestigio de la Administración. Este debe guardar proporción directa y es más intenso cuanto mayor sea el grado jerárquico del funcionario”.
Sobre esa base, se entiende que la funcionaria “incurrió en falta administrativa de carácter grave, por lo que es pertinente se aplique la sanción máxima, la cual es acorde a la falta cometida”. Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 211 del Reglamento General de Actuación Administrativa, Salaberry resolvió rescindirle el contrato.
La resolución no establece cuánto tiempo estuvo esta funcionaria “engañando” a la administración municipal mientras estuvo en prisión. No obstante, altas fuentes comunales indicaron a FM Gente que el caso fue detectado ante la acumulación de faltas sin aviso que, automáticamente, dispara un sumario en la división de Jurídica.
