La encargada de la estación de servicio de Punta del Este radicó la denuncia por estafa en la seccional 10ª del balneario, explicando que varios clientes habían reclamado ante la empresa por facturas que habían abonado y que se encontraban selladas como tales, pero habían recibido el vencimiento con multas y recargos.
El sistema de cobranzas de la firma permitió determinar fácilmente qué empleado había tramitado las facturas y, por si fuera poco, esto fue refrendado por las filmaciones de las cámaras de seguridad que aportó la denunciante.
Así, se observaron las “actitudes sospechosas” que demostraba la empleada de iniciales A.C.T.C, de 37 años, cuando realizaba las cobranzas de los clientes. La investigación permitió constatar irregularidades en las horas y fechas de los cobros, y la realización de maniobras en la anulación de dichas facturas.
La empleada fue citada finalmente a la seccional puntaesteña, donde admitió su responsabilidad en los hechos y detalló cómo había consumado las maniobras. Dijo que había utilizado el dinero, unos 20 mil pesos, en su provecho.
Finalmente, la jueza penal Marcela Vargas dictaminó su procesamiento sin prisión por cuatro delitos de estafa en reiteración real y le impuso como medida sustitutiva la obligación de reparar el daño causado.
El sistema de cobranzas de la firma permitió determinar fácilmente qué empleado había tramitado las facturas y, por si fuera poco, esto fue refrendado por las filmaciones de las cámaras de seguridad que aportó la denunciante.
Así, se observaron las “actitudes sospechosas” que demostraba la empleada de iniciales A.C.T.C, de 37 años, cuando realizaba las cobranzas de los clientes. La investigación permitió constatar irregularidades en las horas y fechas de los cobros, y la realización de maniobras en la anulación de dichas facturas.
La empleada fue citada finalmente a la seccional puntaesteña, donde admitió su responsabilidad en los hechos y detalló cómo había consumado las maniobras. Dijo que había utilizado el dinero, unos 20 mil pesos, en su provecho.
Finalmente, la jueza penal Marcela Vargas dictaminó su procesamiento sin prisión por cuatro delitos de estafa en reiteración real y le impuso como medida sustitutiva la obligación de reparar el daño causado.
