En tan solo cuatro meses una escribana que oficiaba de gestora de una cooperativa de limpieza integrada por 65 humildes trabajadores, se apropió de más de $ 1.000.000 destinados a obligaciones previsionales. Ahora las fuentes laborales están en riesgo: sin certificado de pago la cooperativa no puede cobrar por sus servicios y tiene escasas posibilidades de afrontar la millonaria deuda, indicó a FM Gente el abogado defensor Rafael Barla.
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WhatsAppLa cooperativa ofrecía servicios de limpieza en el Centro Universitario Regional Este (CURE) y en la Intendencia de Maldonado. Durante cuatro meses, aportaron fuertes sumas a su gestora para afrontar sus obligaciones ante el Banco de Previsión Social, pero resultó que la “profesional” los estafó.
“Fue un golpe económico que deja a 65 trabajadores en riesgo de perder su empleo”, dijo a FM Gente el abogado Rafael Barla, quien llevó adelante la investigación del caso y presentó la denuncia ante la Dirección de Investigaciones de la Policía de Maldonado.
La escribana fue procesada por estafa, apropiación indebida y falsificación de documentos. Pero el asunto no se agota con el fallo judicial. Como en cuatro meses jamás aportó al BPS los 950 mil pesos que le entregó la cooperativa, el organismo estatal no puede expedir el certificado que permite a los trabajadores cobrar por los servicios prestados al CURE y a la Intendencia. A esto se agrega una deuda de 250 mil pesos con el Banco de Seguros del Estado, ya que la escribana también se apropió de ese dinero.
Los cooperativistas notaron las maniobras de la escribana cuando ésta no pudo explicar por qué el BPS no expedía el certificado de “estar al día” con los pagos, imprescindible para que los trabajadores cobraran sus haberes.
“Todavía no han podido llevar el certificado y hay 65 familias con peligro de perder la fuente laboral. Es mucho dinero el que han perdido y el BPS no los va a exonerar de la deuda de 950 mil pesos ni de los 250 mil en el BSE”, lamentó Barla, para señalar que se trata de “gente humilde”.
“Tienen retenido por el Estado todos estos meses que trabajaron y no pudieron cobrar. Y enterarse ahora que deben en organismos públicos se complica la situación y la fuente laboral”, enfatizó el abogado.
Añadió que por esta causa ya la UdelaR rescindió el contrato a la cooperativa, aunque los trabajadores siguen prestando servicio de barrido y limpieza para la Intendencia de Maldonado. A juicio de Barla, no podrán condonar su deuda aunque posiblemente el BPS y el BSE les quiten los recargos por mora.
En los próximos días, seguirá trabajando para que prime una “visión humana” sobre esta situación que sorprendió en su buena fe a este nutrido grupo de trabajadores.
mr
30 Jun 2025
01:01
