La fiscal Stella Llorente pidió, esta semana, archivar la causa en la que se investigaba si hubo responsabilidad médica o de algún centro de salud en la muerte de Alejandra Rivero, poco después de ser arrollada por un ómnibus de Codesa mientras intentaba cruzar la avenida España, cerca de la rambla Claudio Williman de Punta del Este.
La mujer caminaba con su pequeño hijo en un coche y alcanzó a lanzarlo, fuera del alcance del pesado rodado, segundos antes de ser atropellada. Tras el siniestro, gravemente lesionada, fue atendida por una unidad de emergencia móvil y logró ingresar al sanatorio Cantegril, del que no era socia, al cabo de varias horas de negociaciones entre la mutualista y las autoridades del hospital Elbio Rivero.
En el marco de esa causa, la jueza penal Adriana Graziuso ordenó dos reconstrucciones del siniestro y avanzó en la indagatoria para establecer si la mujer murió por la demora en el trámite entre el centro privado y el hospital, donde no podía ser intervenida dada la gravedad de sus lesiones.
Varios médicos de Salud Pública y de la mutualista pasaron por la sede penal en noviembre y diciembre de 2009. El médico de guardia en el sanatorio, acusado de negar la asistencia, insistió en que todo se trató de un mal entendido y una errónea interpretación de sus palabras, ya que finalmente la herida fue asistida en el Centro de Tratamientos Intensivos de la institución.
La mujer caminaba con su pequeño hijo en un coche y alcanzó a lanzarlo, fuera del alcance del pesado rodado, segundos antes de ser atropellada. Tras el siniestro, gravemente lesionada, fue atendida por una unidad de emergencia móvil y logró ingresar al sanatorio Cantegril, del que no era socia, al cabo de varias horas de negociaciones entre la mutualista y las autoridades del hospital Elbio Rivero.
En el marco de esa causa, la jueza penal Adriana Graziuso ordenó dos reconstrucciones del siniestro y avanzó en la indagatoria para establecer si la mujer murió por la demora en el trámite entre el centro privado y el hospital, donde no podía ser intervenida dada la gravedad de sus lesiones.
Varios médicos de Salud Pública y de la mutualista pasaron por la sede penal en noviembre y diciembre de 2009. El médico de guardia en el sanatorio, acusado de negar la asistencia, insistió en que todo se trató de un mal entendido y una errónea interpretación de sus palabras, ya que finalmente la herida fue asistida en el Centro de Tratamientos Intensivos de la institución.
