Al ser notificada de que la moto presentaba irregularidades y sería incautada, la propietaria - una joven de 18 años sin antecedentes penales – “perdió el control y comenzó a lanzar improperios y amenazas hacia los efectivos”, señala el comunicado policial.
La joven fue detenida y derivada a una dependencia policial. Al día siguiente fue trasladada al Juzgado Letrado de 4to Turno y luego de formalizarla por la presunta comisión de un delito de agravio a la autoridad policial, las partes acordaron la suspensión condicional del proceso.
Esta es una herramienta del sistema penal que permite que una persona imputada por un delito menor no vaya a juicio ni reciba una condena, a cambio de cumplir una serie de reglas de conducta durante un tiempo determinado.
En este caso se le impuso la prohibición de comunicación y acercamiento en un radio de 200 metros hacia la víctima, y la realización de dos horas semanales de tareas comunitarias durante cuatro meses.
Foto: imagen ilustrativa / Operativo Ñandubay a nivel nacional