D.M.S.A. fue formalizado por nuevos delitos, luego de comprobarse que tenía una orden de detención vigente y había abandonado el dispositivo electrónico de rastreo que debía portar. El sujeto, poseedor de antecedentes penales, fue detenido el 7 de noviembre luego de que un vecino lo sorprendiera intentando llevarse una motocicleta del estacionamiento de un comercio. Tras su identificación, se confirmó que tenía una requisitoria judicial por investigaciones relacionadas con el hurto de motos en Maldonado.
Las actuaciones permitieron establecer que el 1.º de noviembre el hombre había dejado el dispositivo de rastreo frente a una vivienda en San Carlos, incumpliendo una disposición judicial.
Además, estaba vinculado a dos denuncias de robo de motocicletas presentadas el 2 de noviembre, una en calle San José y otra en Tres de Febrero.
El caso fue derivado a la Fiscalía de 1.º Turno, que solicitó nuevas diligencias y la conducción del detenido. En audiencia realizada en el Juzgado Letrado de Maldonado de 11.º Turno, se reformuló la formalización de D.M.S.A., quedando imputado por cinco delitos de hurto —cuatro de ellos agravados y uno en grado de tentativa—, un delito de receptación y otro de retiro o destrucción de dispositivo electrónico.
La Justicia dispuso prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.
Las actuaciones permitieron establecer que el 1.º de noviembre el hombre había dejado el dispositivo de rastreo frente a una vivienda en San Carlos, incumpliendo una disposición judicial.
Además, estaba vinculado a dos denuncias de robo de motocicletas presentadas el 2 de noviembre, una en calle San José y otra en Tres de Febrero.
El caso fue derivado a la Fiscalía de 1.º Turno, que solicitó nuevas diligencias y la conducción del detenido. En audiencia realizada en el Juzgado Letrado de Maldonado de 11.º Turno, se reformuló la formalización de D.M.S.A., quedando imputado por cinco delitos de hurto —cuatro de ellos agravados y uno en grado de tentativa—, un delito de receptación y otro de retiro o destrucción de dispositivo electrónico.
La Justicia dispuso prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.
