Durante tres días de esta semana – lunes, martes y miércoles- unas ocho familias cortaron la Ruta 39 desde media mañana hasta mediodía, a la altura de la ex Cylsa, alterando el fluido tránsito entre Maldonado y San Carlos. De esa manera continuaron un plan de movilizaciones iniciado semanas atrás con la intención de apurar los servicios de agua potable y energía eléctrica, para cuya gestión ante UTE y OSE habían conseguido el aval de la Unidad de Asentamientos de la Intendencia.
La directora general de Desarrollo e Integración Social, asistente social Lucía Dotti, señaló en FM Gente que estas familias están “en calidad de ocupantes” y fueron denunciadas ante la Justicia para que se dictamine su desalojo. “Están sin ningún tipo de autorización, por lo que se efectuaron las denuncias pertinentes, respecto a esta situación de absoluta irregularidad”, dijo.
Sin embargo, aunque la comuna puede tomar todas las acciones que considere necesarias para proteger sus terrenos, Dotti también señaló que el caso es parte de una constante realidad del departamento de Maldonado, al que permanentemente llegan familias que no pueden afrontar alquileres y terminan “adoptando esta estrategia” de instalarse en predios municipales.
Enfrentada a esta paradoja, la jerarca dijo que el gobierno departamental tiene la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de estas personas que viven en condiciones “infra-humanas”, sin agua ni luz, a pocos metros de donde hace un par de años se construyeron viviendas provisorias de Un Techo Por Mi País.
Dotti señaló que estas viviendas de emergencia cuentan con servicio de agua potable, energía eléctrica y saneamiento. Indicó que algunas están vacías y que por eso propusieron a varias familias un traslado provisorio que estaría concretándose en los próximos días, a través de la Unidad de Asentamientos a cargo de Cristina Acuña.
Los ocupantes que presionan a las autoridades con piquetes para que les den soluciones habitacionales se instalaron en predios comunales desde mediados de 2010. “Desde nuestra llegada a la dirección de Integración y Desarrollo (en julio pasado) ya había algunas familias viviendo ahí y luego se asentó alguna más”, explicó Dotti, quien dijo que en este lapso ha tenido varias reuniones en busca de soluciones.
Durante esas conversaciones, la repartición les prometió interceder para facilitarles el acceso al agua y la energía eléctrica. Así, se acordó que todos debían pasar por la Unidad de Asentamientos para levantar documentos que les permitieran luego realizar el trámite ante UTE y OSE. Esto se cumplió pero, según Dotti, hubo retrasos en la instalación del sistema eléctrico.
Explicó que los técnicos de UTE constataron la necesidad de colocar columnas de alumbrado y eso se solucionó a través de la Dirección de Obras de la Intendencia. Pero luego los funcionarios del ente estatal se encontraron con la sorpresa de que no había suficiente potencia de energía para habilitar el servicio en la zona, lo cual continuó retrasando los planes.
Molestos por la demora, los ocupantes realizaron este verano varias movilizaciones. Una de las primeras consistió en una marcha por las calles de Maldonado -desde la zona ocupada hasta la explanada del edificio de la Intendencia- y la más reciente implicó tres días consecutivos de piquetes que alteraron el tráfico en la Ruta 39 y obligaron a la Policía a desviar vehículos por caminos laterales.
Según Dotti, algunos vecinos con quienes se entrevistó en las últimas horas siguen desconformes con las propuestas de la Intendencia. Y consideran insuficiente la alternativa de que pasar de sus viviendas de chapa y cartón a las construidas en madera por Un Techo por mi País.
La directora general de Desarrollo e Integración Social, asistente social Lucía Dotti, señaló en FM Gente que estas familias están “en calidad de ocupantes” y fueron denunciadas ante la Justicia para que se dictamine su desalojo. “Están sin ningún tipo de autorización, por lo que se efectuaron las denuncias pertinentes, respecto a esta situación de absoluta irregularidad”, dijo.
Sin embargo, aunque la comuna puede tomar todas las acciones que considere necesarias para proteger sus terrenos, Dotti también señaló que el caso es parte de una constante realidad del departamento de Maldonado, al que permanentemente llegan familias que no pueden afrontar alquileres y terminan “adoptando esta estrategia” de instalarse en predios municipales.
Enfrentada a esta paradoja, la jerarca dijo que el gobierno departamental tiene la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de estas personas que viven en condiciones “infra-humanas”, sin agua ni luz, a pocos metros de donde hace un par de años se construyeron viviendas provisorias de Un Techo Por Mi País.
Dotti señaló que estas viviendas de emergencia cuentan con servicio de agua potable, energía eléctrica y saneamiento. Indicó que algunas están vacías y que por eso propusieron a varias familias un traslado provisorio que estaría concretándose en los próximos días, a través de la Unidad de Asentamientos a cargo de Cristina Acuña.
Los ocupantes que presionan a las autoridades con piquetes para que les den soluciones habitacionales se instalaron en predios comunales desde mediados de 2010. “Desde nuestra llegada a la dirección de Integración y Desarrollo (en julio pasado) ya había algunas familias viviendo ahí y luego se asentó alguna más”, explicó Dotti, quien dijo que en este lapso ha tenido varias reuniones en busca de soluciones.
Durante esas conversaciones, la repartición les prometió interceder para facilitarles el acceso al agua y la energía eléctrica. Así, se acordó que todos debían pasar por la Unidad de Asentamientos para levantar documentos que les permitieran luego realizar el trámite ante UTE y OSE. Esto se cumplió pero, según Dotti, hubo retrasos en la instalación del sistema eléctrico.
Explicó que los técnicos de UTE constataron la necesidad de colocar columnas de alumbrado y eso se solucionó a través de la Dirección de Obras de la Intendencia. Pero luego los funcionarios del ente estatal se encontraron con la sorpresa de que no había suficiente potencia de energía para habilitar el servicio en la zona, lo cual continuó retrasando los planes.
Molestos por la demora, los ocupantes realizaron este verano varias movilizaciones. Una de las primeras consistió en una marcha por las calles de Maldonado -desde la zona ocupada hasta la explanada del edificio de la Intendencia- y la más reciente implicó tres días consecutivos de piquetes que alteraron el tráfico en la Ruta 39 y obligaron a la Policía a desviar vehículos por caminos laterales.
Según Dotti, algunos vecinos con quienes se entrevistó en las últimas horas siguen desconformes con las propuestas de la Intendencia. Y consideran insuficiente la alternativa de que pasar de sus viviendas de chapa y cartón a las construidas en madera por Un Techo por mi País.
