Según consigna El País, la jueza Borges y la fiscal Brenda Puppo comenzarán mañana las audiencias por la denuncia radicada en enero de 2013, cuando la DGI descubrió un fraude de 300.000 dólares en la sala de juegos del Mantra.
Aunque hay 40 funcionarios bajo investigación administrativa, tres fueron denunciados ante la justicia porque ocupaban puestos clave en las áreas de tesorería y contaduría del casino. “En base su conocimiento de la operativa alteraban las ganancias de la sala de juego registrando menos dinero del que correspondía y así se apropiaban de la diferencia”, indica el matutino.
Agrega que estos funcionarios, que ahora serán indagados por la Justicia, adquirieron propiedades y comenzaron emprendimientos comerciales que, en principio, no podrían justificar con los sueldos que perciben en su calidad de empleados de la DGC.
El director nacional de Casinos, Javier Cha, lamentó la demora de la justicia para iniciar la indagatoria penal de una denuncia que ya tiene casi un año y medio. “Estamos preocupados porque es un caso grave para el organismo, pero lo que más preocupa es que no haya actuaciones judiciales al respecto", insistió. Señaló que el hecho de que los funcionarios denunciados hayan vuelto a trabajar genera una situación "compleja".
Aunque hay 40 funcionarios bajo investigación administrativa, tres fueron denunciados ante la justicia porque ocupaban puestos clave en las áreas de tesorería y contaduría del casino. “En base su conocimiento de la operativa alteraban las ganancias de la sala de juego registrando menos dinero del que correspondía y así se apropiaban de la diferencia”, indica el matutino.
Agrega que estos funcionarios, que ahora serán indagados por la Justicia, adquirieron propiedades y comenzaron emprendimientos comerciales que, en principio, no podrían justificar con los sueldos que perciben en su calidad de empleados de la DGC.
El director nacional de Casinos, Javier Cha, lamentó la demora de la justicia para iniciar la indagatoria penal de una denuncia que ya tiene casi un año y medio. “Estamos preocupados porque es un caso grave para el organismo, pero lo que más preocupa es que no haya actuaciones judiciales al respecto", insistió. Señaló que el hecho de que los funcionarios denunciados hayan vuelto a trabajar genera una situación "compleja".
