La acusación estuvo relacionada con sus vínculos comerciales con el Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank, una entidad financiera que fue intervenida por el Banco Central tras detectar graves problemas económicos.
La situación generó una fuerte crisis en Paraguay. Miles de clientes quedaron sin poder acceder normalmente a sus ahorros y también surgieron cuestionamientos por el dinero que organismos públicos tenían depositado en el banco.
Los legisladores entendieron que Peña debía asumir responsabilidades por lo ocurrido y avanzaron con el juicio político.
El ahora exmandatario había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso decidió continuar con el proceso.
De esta manera, Santiago Peña dejó de ser presidente de Paraguay y pasó a ser un ciudadano común.