“Pretendía que las autoridades comunales o municipales se hicieran cargo de la defensa del territorio. Lamentablemente, vemos que no hay una actividad fuerte y que no se actuó con firmeza, por lo cual hice esta denuncia penal para que se investiguen todas estas cesiones que, a nuestro juicio, tienen una apariencia claramente delictiva”, indicó el legislador.
En su denuncia, presentada el viernes pasado, adjuntó escritos y documentos gráficos de unos 85 terrenos. También incluyó una exposición del edil blanco Carlos Stajano en la Junta Departamental, donde citó algunas situaciones irregulares en los citados balnearios.
“Se deja abierta la puerta para que se siga investigando, porque son cientos de casos. No podíamos esperar a seguir recabando más información, así que presentamos los datos recabados en el último año en base a aportes de vecinos y a un equipo de trabajo”, explicó Rodríguez.
DELINCUENTES ASOCIADOS
Agregó que, en el marco de la instrucción judicial, solicitará pruebas y registros de propiedad, para ver quiénes son los profesionales e incluso funcionarios comunales que han participado en la venta de cesiones posesorias. En su opinión, existen "verdaderas organizaciones delictivas".
“Hay profesionales que tienen a la venta sesiones de varios derechos, funcionarios que pasan datos sobre los padrones, gente que construye y que vende. Acá no participa una sola persona, en toda esta operativa participan muchas personas”, denunció Rodríguez.
“INCENTIVO” DE LA IDM
El diputado consideró que la Intendencia de Maldonado (IDM) debió actuar enérgicamente para frenar la escalada de irregularidades. Particularmente, responsabilizó al intendente Óscar de los Santos de no tomar “las riendas del asunto para que el departamento no se vaya de las manos”.
Pero, además, Rodríguez acusó a la IDM de “promover e incentivar” los asentamientos. A modo de ejemplo, comentó el caso del que está ubicado junto a los galpones de Obras y Talleres comunales: “lo incentivó y lo construyó la IDM”.
Remarcó, asimismo, que hubo casos de usurpaciones donde se desalojó a una familia y “la intendencia le paga un alquiler hasta encontrarles una solución”. En su opinión, este es un mensaje erróneo para la población.
(foto: balneario El Tesoro / stonek.com)