Se trata del comisario Raúl Eula y del oficial subayudante Alberto Amaya, investigados por el manejo de elementos de prueba del homicidio del joven, muerto por un policía durante una persecución nocturna el 20 de setiembre de 2010 en Piriápolis.
Los abogados de Eula, Susana Sotto y Álvaro Villegas, dijeron a El País que luego de un año de instrucción de la ampliación sumarial el Ministro del Interior dispuso clausurar el sumario "sin atribución de responsabilidades" y la devolución de los medios sueldos retenidos.
Los abogados de Eula, Susana Sotto y Álvaro Villegas, dijeron a El País que luego de un año de instrucción de la ampliación sumarial el Ministro del Interior dispuso clausurar el sumario "sin atribución de responsabilidades" y la devolución de los medios sueldos retenidos.
