En caso de solicitarse el cierre del centro de estudios, con sede en Punta del Este y varios departamentos del interior, la resolución será elevada al presidente de la República para que determine la clausura si lo estima pertinente.
Luis Garibaldi explicó que las irregularidades constatadas fueron: falta de actualización de información solicitada, que la educación brindada no tiene carácter universitario, y convenios en el extranjero no autorizados.
En ese sentido, el jerarca señaló que la decisión adoptada por el CCETP “no es común y se da muy pocas veces” y obedece a que existen “diversas situaciones que lleva a que no hayan condiciones suficientes para ofrecer educación de carácter universitario”. La institución ya recibió la notificación correspondiente y solicitó una prórroga del 4 al 12 de enero para presentar sus descargos.
Garibaldi aclaró que los cursos aprobado hasta el momento por el estudiantado de UPE serán considerados y revalidados.
EL CCETP está compuesto de ocho miembros; tres designados a propuesta de la Universidad de la República, dos a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura, dos a propuesta de las universidades privadas y una de la ANEP.
“Este consejo por unanimidad, debido a una serie de situaciones que, en definitiva constituyen que el instituto universitario no responde a las condiciones tenidas en cuenta al momento de su autorización, solicita la revocación de la autorización”, señaló Garibaldi.
LA VERSIÓN DEL UPE
Por su parte el director del UPE, Adolfo Gutiérrez, afirmó que el centro seguirá abierto y que el pedido de cierre es arbitrario y anticonstitucional. Agregó que la decisión conocida hasta ahora deja al centro de estudios en total indefensión jurídica.
Gutiérrez cuestionó a la ministra de Educación y Cultura, María Simón. “Es la conducta de la señora ministra que, en este tipo de reuniones de Consejo de Ministros, que más bien parecen reuniones de comité, sale dando su opinión, prejuzgando y dejándonos en la total indefensión jurídica”, afirmó.
El director del UPE señaló que el conflicto está en “manos de estudios jurídicos de Montevideo y se tomarán las medidas que correspondan”. “Le puedo asegurar que el Instituto Universitario de Punta del Este no va a cerrar. Porque no existen irregularidades”, agregó.
También se refirió y desmintió versiones sobre las faltas en las que habría incurrido la institución. “Porque los asuntos de venta de títulos son chismeríos de comadre, chismerío de pueblo, donde nosotros nunca hemos sido citados al Juzgado y vamos a comparecer de motus propio después de la feria (judicial) para ponernos a derechos y demostrar la falsedad”, aseguró.
A juicio de Gutiérrez, “las demás irregularidades que dicen en el consejo son fruto de un informe totalmente parcial que el acercaron a los señores consejeros en el que se omite una cantidad de información que si los señores consejeros la hubieran tenido, muchos de ellos –yo sé que no todos- no hubieran votado este dictamen”.
Luis Garibaldi explicó que las irregularidades constatadas fueron: falta de actualización de información solicitada, que la educación brindada no tiene carácter universitario, y convenios en el extranjero no autorizados.
En ese sentido, el jerarca señaló que la decisión adoptada por el CCETP “no es común y se da muy pocas veces” y obedece a que existen “diversas situaciones que lleva a que no hayan condiciones suficientes para ofrecer educación de carácter universitario”. La institución ya recibió la notificación correspondiente y solicitó una prórroga del 4 al 12 de enero para presentar sus descargos.
Garibaldi aclaró que los cursos aprobado hasta el momento por el estudiantado de UPE serán considerados y revalidados.
EL CCETP está compuesto de ocho miembros; tres designados a propuesta de la Universidad de la República, dos a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura, dos a propuesta de las universidades privadas y una de la ANEP.
“Este consejo por unanimidad, debido a una serie de situaciones que, en definitiva constituyen que el instituto universitario no responde a las condiciones tenidas en cuenta al momento de su autorización, solicita la revocación de la autorización”, señaló Garibaldi.
LA VERSIÓN DEL UPE
Por su parte el director del UPE, Adolfo Gutiérrez, afirmó que el centro seguirá abierto y que el pedido de cierre es arbitrario y anticonstitucional. Agregó que la decisión conocida hasta ahora deja al centro de estudios en total indefensión jurídica.
Gutiérrez cuestionó a la ministra de Educación y Cultura, María Simón. “Es la conducta de la señora ministra que, en este tipo de reuniones de Consejo de Ministros, que más bien parecen reuniones de comité, sale dando su opinión, prejuzgando y dejándonos en la total indefensión jurídica”, afirmó.
El director del UPE señaló que el conflicto está en “manos de estudios jurídicos de Montevideo y se tomarán las medidas que correspondan”. “Le puedo asegurar que el Instituto Universitario de Punta del Este no va a cerrar. Porque no existen irregularidades”, agregó.
También se refirió y desmintió versiones sobre las faltas en las que habría incurrido la institución. “Porque los asuntos de venta de títulos son chismeríos de comadre, chismerío de pueblo, donde nosotros nunca hemos sido citados al Juzgado y vamos a comparecer de motus propio después de la feria (judicial) para ponernos a derechos y demostrar la falsedad”, aseguró.
A juicio de Gutiérrez, “las demás irregularidades que dicen en el consejo son fruto de un informe totalmente parcial que el acercaron a los señores consejeros en el que se omite una cantidad de información que si los señores consejeros la hubieran tenido, muchos de ellos –yo sé que no todos- no hubieran votado este dictamen”.
