Explicó que “es el contrato que terminó con la elaboración del Digesto Municipal ‘on line’, que se puede ver en la página web”.
“Ese contrato nace a iniciativa de la propia directora. El 27 de setiembre de 2011 se resuelve realizar un llamado para la contratación de una empresa que se iba a dedicar a realizar ese Digesto… El 16 de noviembre de 2011 s resuelve extender el plazo, porque se presenta solo una empresa y aparentemente no servía. El 13 de diciembre se presenta otra empresa más, ya dentro del plazo extendido, que resulta ser la ganadora, la empresa HIC Consultores”, explicó.
Y agregó que “esa empresa tiene de 2011 como fecha de creación el 8 de diciembre, cinco día antes de que se rubricara la licitación. Esta empresa resulta ganadora de una licitación que supera los 3 millones de pesos”.
“Al tiempo nos enteramos que quien encabezaba esta empresa era un funcionario público. Después, que esa empresa se desintegra cuando se le termina el contrato con la Intendencia. Hoy nos encontramos con un Digesto que, si entramos a la página web, no funciona. Que la Intendencia tuvo que deslindar responsabilidades por lo que dice, porque figuran decretos que han sido vetados por intendentes anteriores y figuran como vigentes”, agregó.
El edil recordó que el Tribunal de Cuentas observó esta licitación. “Una de las cosas más graves fue que ni siquiera pasó por la Mesa de Licitaciones. La propia directora creó una comisión, que ella integró, para adjudicar esta licitación a esta empresa… Integrantes de esa empresa, que no sabemos si eran directores o empleados, eran militantes de la agrupación de la directora. Y nos viene a reclamar a nosotros, que estamos haciendo contratos ‘a dedo’, cuando tiene un historial bastante grave con eso”, destacó.
Señaló que los tres millones de pesos de eta licitación “equivalen a toda la Contribución (Inmobiliaria) de toda Punta Negra. A dos Hipódromos de Contribución. Eso es tomarle el pelo a la gente”, señaló.
Dijo que, por todos estos motivos, reclama que se analice a nivel del gobierno departamental si es necesario iniciar una investigación administrativa sobre este asunto y sobre la actuación de Salazar.