Porto precisó que el cometido es realizar “los estudios necesarios para cuantificar la inversión que se requiere para la nueva infraestructura carcelaria y determinar qué tanta puede ser realizada por el sector público y cuánto puede ser hecho por privados”.
“La CND apoyará al Ministerio del Interior en los estudios previos al pliego de las licitaciones y a los contratos con los privados, con la contraprestación de servicios ‘de hotelería’ que éstos pueden hacer para luego recuperar parte de la inversión”, explicó.