Según señala este sábado el matutino El País, el TCA basó su decisión en las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República y en el informe del procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo.
El contrato con Satenil S.A. fue cuestionado luego de su concreción en noviembre de 2005 por legisladores y ediles del propio Frente Amplio. También fue objeto de una denuncia penal de parte de ediles del Partido Nacional que, finalmente fue archivada por el fiscal Carlos Reyes.
Esta resolución del TCA fue firmada por cinco ministros del tribunal: Ricardo Harriague, Eduardo Lombardi, Dardo Preza, Mariela Sasson y Jaime Montserrat. La acción de nulidad había sido promovida por la empresa Rafeluz S.A., que fue dejada al margen tras las negociaciones directas del municipio con Satenil S.A. Rafeluz queda ahora habilitada para exigir una acción reparatoria de la Intendencia.
La sentencia anuló el fallo nº4086/05. El TCA indica que la actual administración municipal debería haberse ajustado al art. 33º del TOCAF, que prevé procedimientos competitivos como la licitación. De todos modos, por tratarse de razones e urgencia como señaló la administración, debió haberse solicitado la certificación del TCR y la Junta Departamental.
El contrato con Satenil S.A. fue cuestionado luego de su concreción en noviembre de 2005 por legisladores y ediles del propio Frente Amplio. También fue objeto de una denuncia penal de parte de ediles del Partido Nacional que, finalmente fue archivada por el fiscal Carlos Reyes.
Esta resolución del TCA fue firmada por cinco ministros del tribunal: Ricardo Harriague, Eduardo Lombardi, Dardo Preza, Mariela Sasson y Jaime Montserrat. La acción de nulidad había sido promovida por la empresa Rafeluz S.A., que fue dejada al margen tras las negociaciones directas del municipio con Satenil S.A. Rafeluz queda ahora habilitada para exigir una acción reparatoria de la Intendencia.
La sentencia anuló el fallo nº4086/05. El TCA indica que la actual administración municipal debería haberse ajustado al art. 33º del TOCAF, que prevé procedimientos competitivos como la licitación. De todos modos, por tratarse de razones e urgencia como señaló la administración, debió haberse solicitado la certificación del TCR y la Junta Departamental.
