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Explicó las garantías del acuerdo, cuestionó el anuncio de rescisión y sostuvo que detrás del conflicto hay una disputa política con la mirada puesta en las elecciones de 2029.
En dialogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE, el abogado Eduardo Lust sostuvo que el contrato firmado con el astillero español Cardama tiene “una parte pública y otra parte secreta”, vinculada al armamento y al equipamiento bélico que proveen distintos subcontratistas.
Explicó que “Cardama fabrica el barco, pero después hay entre cuatro o cinco empresas que proveen armas, radares y motores, y esa parte no se difunde por razones de seguridad”.
Lust consideró que el conflicto actual “es una pulseada entre el doctor Díaz por un lado, y el presidente Orsi y el secretario Sánchez por el otro”. A su entender, “la intención del doctor Díaz está puesta en las elecciones del año 29”.
Según relató, el contrato tiene tres garantías: una principal por 8 millones de dólares en un banco alemán, otra de seguimiento posterior a la entrega de las embarcaciones y una de cumplimiento equivalente al 5% del total del acuerdo. Esta última, dijo, “es la que está en discusión” y se aplica “en todos los contratos del Estado”.
El abogado explicó que la garantía de cumplimiento “no puede ser motivo de rescisión del contrato”, porque se trata de “una cláusula que se renueva automáticamente y que actúa como compensación, no como causal de ruptura”. En ese sentido, sostuvo que “es demasiado fuerte rescindir un contrato de 90 millones para cobrar una garantía de apenas cuatro”.
Respecto a la denuncia penal presentada por la Presidencia, Lust planteó dudas sobre la supuesta irregularidad de la garantía. “El hecho de que el dueño sea ruso no quiere decir que no sea viable”, indicó. Agregó que el momento del anuncio “no fue casual”. “Para mí esto estaba armado de antes. No estoy acusando a nadie, estoy opinando de lo que se ha dicho públicamente”, afirmó.
Recordó que “la rescisión no es un acto unilateral” y que “solo puede concretarse luego de una sentencia judicial”. Aclaró que el proceso podría extenderse “entre tres y cinco años”, en tribunales nacionales y extranjeros.
Sobre la situación actual del contrato, Lust señaló que “la ejecución sigue vigente”. Dijo que “la ministra de Defensa envió hace una semana a dos oficiales de la Armada a cumplir las tareas de veedores del avance de las obras”, y que “el astillero continúa trabajando con más de 500 personas en la construcción de los buques”.
En cuanto a las consecuencias políticas, entendió que el caso “puede proyectarse hacia la campaña electoral del 2029”. En su análisis, “la denuncia penal se tramitará durante los próximos dos años, y cuando empiece la campaña estará instalada la discusión sobre la presunta participación del doctor Lacalle, que es el único candidato capaz de competir con Sánchez”.
También cuestionó la forma en que se comunicó la decisión oficial. “El presidente habló un minuto y 48 segundos en una conferencia de prensa de 28 minutos. Anunció que resolvía rescindir el contrato, pero el presidente no tiene competencia para hacerlo. Días después, Presidencia aclaró que la decisión era del Poder Ejecutivo”, detalló.
Lust consideró que la ministra de Defensa “debió haber encabezado la conferencia junto al secretario y el prosecretario de Presidencia”, y señaló que “al presidente hay que cuidarlo, porque es el presidente de todos y no se lo puede mandar así”.
Finalmente, planteó que “el juicio puede terminar cuando los barcos ya estén listos”. Según los plazos contractuales, el primero estaría finalizado en 18 meses y el segundo en 24. “Podría darse una situación curiosa: que se reclame un incumplimiento con el producto terminado”, concluyó.
04 Nov 2025
11:49
