Según estimaciones primarias, la medida representa unos 8 millones de dólares en total y, según el departamento que se considere, entre un 0,3 % y un 1,7 % de los ingresos anuales de las intendencias. Los cálculos surgieron a partir de información de la OPP y los ministerios de Economía y Ganadería.
Estos datos fueron compartidos con delegados del Congreso de Intendentes en una reunión efectuada en la Torre Ejecutiva. “Fue un intercambio profundo, en el mismo tono y apertura en la que venimos trabajando siempre”, señaló García, en rueda de prensa. La delegación del Congreso de Intendentes estuvo integrada por su presidente, José Luis Falero, de San José, y los jefes comunales de Paysandú, Guillermo Caraballo; de Rivera, Marne Osorio; de Cerro Largo, Sergio Botana, y de Rocha, Aníbal Pereyra.
En el encuentro, las autoridades nacionales informaron a los intendentes que el Ejecutivo transfirió en 2017 a los gobiernos departamentales 15.500 millones de pesos (unos 535 millones de dólares). Desde 2004 a la fecha, los montos transferidos crecieron un 125 % y desde 2005 las transferencias son realizadas en tiempo y forma.
El objetivo de estas transferencias es velar por la salud financiera de las intendencias para que puedan brindar a su población los mejores servicios de la manera más eficiente, como parte de una política de descentralización que tiene la equidad territorial como horizonte, indicó García.
El proyecto remitido al Parlamento con las medidas para el sector agropecuario incluye exoneraciones tributarias, devolución del IVA en el gasoil, rebajas en las tarifas eléctricas y fondos de apoyo y de garantías. El Poder Ejecutivo propuso que las medidas cuenten, además, con el financiamiento de las intendencias departamentales, en forma proporcional a los tributos que perciben del sector agropecuario.
Fuente y foto: Presidencia.